Los tribunales asumen la doctrina de la UE sobre las cláusulas suelo
Un juzgado de Barcelona y otro de Oviedo fallan a favor de la retroactividad total
Los tribunales comienzan a dictar sentencias sobre las cláusulas suelo incorporando la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que prevé la retroactividad total en el retorno de las cantidades cobradas indebidamente. Los despachos de abogados especializados en estas causas en los últimos meses habían solicitado a los jueces una vez realizada la vista que no emitieran sentencia hasta que hubiera doctrina por parte de la UE. Por eso es normal que ahora se produzca un aluvión de sentencias con las retroactividad total, explica el abogado Marcelo Tamargo, del despacho Espacio Legal.
Ese bufete comunicó ayer que ha recibido un fallo del juzgado de primera instancia de Barcelona –cuya titular es Patricia Brotons– en el que condena al Banco Popular a devolver las cantidades cobradas desde el principio a un cliente por una cláusula suelo y además impone costas al banco. Normalmente, el Popular –como el resto de entidades– solía recurrir todas las sentencias. Fuentes del Popular declararon ayer que están analizando los pasos que seguir después de la sentencia de la semana pasada.
El viernes pasado trascendió también que un juzgado de primera instancia de Oviedo también falló contra el Banc Sabadell y obligó a la entidad a restituir lo cobrado desde la firma de hipoteca en julio del 2003.
Marcelo Tamargo explica que hasta la sentencia del Supremo, en la que fijaban el límite de la devolución de las cláusulas suelo en el 2013 algunos jueces sí que concedían la retroactividad total. Después de que el Supremo sentara doctrina, la inmensa mayoría de los jueces determinaban retroactividad sólo hasta el 2013. Por eso, aquellos clientes que tengan sentencias firmes con retroactividad hasta el 2013 no pueden reclamar las cantidades abonadas anteriormente porque no puede juzgarse dos veces la misma cosa. Por ese motivo, los despachos de abogados ahora reclamaban la suspensión de las sentencias hasta que se pronunciara el tribunal europeo.
Mientras, en el Ministerio de Economía están trabajando en la elaboración de un código de buenas prácticas que debería aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes. Los detalles aún no se conocen y si la adhesión al mismo impedirá la posibilidad de reclamar judicialmente.
Fuentes de la asociación de consumidores de banca Adicae
Los jueces tenían retenidas las sentencias a la espera de la decisión que tomara la UE
explicaron ayer que están trabajando con “los grupos parlamentarios para articular un proceso de devolución extrajudicial, universal y rápido, más allá del código de buenas prácticas que planea el Gobierno”. A juicio de Adicae, la opción de un código de buenas prácticas no es la opción que proteja más a los consumidores. Según explicó el viernes el ministerio, el código “será de adhesión voluntaria para las entidades financieras, pero una vez que lo suscriba su cumplimiento será obligatorio”.