El futuro inmediato

Las perspectivas de la política española, por fin en marcha tras el largo paréntesis con un gobierno en funciones, para el año 2017.

SI el año que ahora concluye se ha caracterizado en España por un prolongado pulso entre las llamadas vieja y nueva política, con el largo interregno que marcaron las elecciones generales del 20-D del 2015 y el 26-J del 2016, el año que ahora se inicia debería servir para rehabilitar la política en su sentido primigenio. Es decir, para volver a situar en el centro del debate los asuntos de la polis y las necesidades de sus ciudadanos. El mapa político nacido del último ciclo electoral marca el final del modelo de bipartidismo imperfecto de la transición y nos introduce en un esquema multipolar, con el PP de Mariano Rajoy como primera fuerza, pero lejos de la mayoría absoluta de la que disfrutó entre el 2011 y el 2015, y un PSOE en franco retroceso, con la fractura abierta por la operación derribo de Pedro Sánchez. En el espacio de centroderecha, la emergencia de Ciudadanos ha servido para condicionar el programa de gobierno del PP, pero sin poner en riesgo su hegemonía electoral, mientras que en el terreno de la izquierda la ascensión de Podemos sí que puso en jaque al PSOE, que evitó finalmente el llamado sorpasso. Además, el peso histórico de las fuerzas del nacionalismo vasco y catalán en la gobernabilidad española ha corrido distinta suerte: el PNV sigue apostando por hacer valer sus cartas en el escenario español, mientras que la apuesta independentista de la ex-CDC le ha restado margen de maniobra.

En este contexto, el próximo año servirá en primer lugar para que las fuerzas en escena acaben de adaptar su política a las exigencias de los nuevos tiempos. Todos los grandes partidos de ámbito español celebrarán congresos. Es el caso del PP, que reunirá a sus compromisarios los días 10, 11 y 12 de febrero en Madrid para ratificar el liderazgo de Rajoy y abonar su apuesta por el diálogo, en abierta ruptura con la línea dura que auspiciaba el hasta hace poco presidente de honor, José María Aznar. En paralelo, en un ejercicio de contraprogramación política, Podemos celebrará esos mismos días su congreso –el llamado Vistalegre 2– con el telón de fondo de la pugna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que no es sólo una lucha por el poder en el partido sino, sobre todo, por el modelo de oposición: construir espacios de contrapoder en la calle (Iglesias) o aprovechar la presencia parlamentaria para disputar la alternativa de la izquierda al PSOE (Errejón). También el partido de Albert Rivera, que nació en Catalunya y ha culminado su aterrizaje en el resto de España, debatirá a inicios de febrero el camino que seguir, con un giro liberal acorde con sus alianzas europeas.

Finalmente, en el caso del PSOE, la comisión gestora que tomó las riendas del partido tras la traumática dimisión de Pedro Sánchez deberá proponer al comité federal las fechas y dinámica de la doble cita pendiente: las primarias internas para elegir nuevo secretario general y la posterior celebración del congreso. Con la carta de Susana Díaz sobre la mesa, gana peso entre los barones del PSOE la necesidad de fraguar una candidatura de integración que evite la ruptura territorial de este partido de estructura federal y que sea capaz de poner al día una alternativa de matriz socialdemócrata. Del grado de acierto del PSOE en cerrar su crisis interna, tanto en el terreno territorial como en el ideológico, dependerá en buena medida la estabilidad política general. Entre tanto, en espera de que los partidos acaben de adaptar sus estrategias a las exigencias que reclama el nuevo mapa político, se vislumbra una geometría variable en la concreción de alianzas. En el terreno económico, Mariano Rajoy ha aprobado ya el primer examen parlamentario al conseguir que PSOE, Ciudadanos y PNV avalen el objetivo de estabilidad para cumplir las exigencias de Bruselas. La reválida, en este campo, será el debate de los presupuestos generales.

Más allá, sin embargo, de este calendario marcado por la agenda política ordinaria, el PP y el resto de los partidos en escena están llamados a intentar fraguar un nuevo comienzo, es decir, a poner sobre la mesa las grandes asignaturas pendientes, como es ya el caso de la propuesta de pacto de Estado en materia de Educación. Así, en el campo socioeconómico, urge definir unos pactos de la Moncloa del siglo XXI, a imagen y semejanza de los que Suárez impulsó en horas más aciagas que las presentes, para consolidar la recuperación económica y conseguir que el crecimiento recompense a los más castigados por este largo ciclo de crisis. Se trata, en definitiva, de sumar a los partidos con vocación de gobierno –también a la patronal y a los sindicatos– en la definición del modelo de Estado de bienestar del que queremos dotarnos y del sistema fiscal que necesitamos para sustentarlo. Es el caso paradigmático de nuestro modelo de pensiones, basado en el llamado sistema de reparto, que exige con urgencia vías de financiación complementarias para evitar la bancarrota del fondo de reserva de la Seguridad Social.

También en el terreno institucional, cuando va a cumplirse en el 2017 el 39.º aniversario de la Constitución, ha llegado la hora de hacer política, de definir un nuevo comienzo a partir del espíritu que alumbró nuestra Carta Magna. Se trata de un imperativo propio, ligado a las exigencias de un sistema político que ha dado muestras de agotamiento y que se ha visto erosionado por los repetidos casos de corrupción sistémica, y también de una exigencia en clave europea para frenar los vientos populistas que soplan en Occidente. Urge, desde esta lógica, consensuar un paquete de medidas de regeneración democrática. También toca decidir si, para ello, es preciso o no abordar la reforma constitucional. Se repite a menudo que abrir el melón de la Constitución suponeun riesgo, yes cierto, aunque también hay que valor ar el posible riesgo de que el melón se pudra en las manos de nuestros políticos.

La reforma constitucional, si se aborda, debe servir para que la ciudadanía de Catalunya, que en su día refrendó ampliamente la Carta Magna, renueve su confianza en un modelo que haga pedagogía de la diversidad y que sea capaz de sumar el afecto de las nuevas generaciones después del desapego creado por la sentencia del TC sobre el Estatut. De hecho, se trata de profundizar en las bases del propio texto de 1978, que distingue entre nacionalidades y regiones, es decir, que reconoce aquellas naciones históricas, como es el caso de Catalunya, que delegaron su soberanía en la nación de naciones que por su naturaleza es España. La habilidad con que las fuerzas políticas sepan administrar la diversidad hispánica dará también la justa medida de nuestra capacidad para afrontar la creciente complejidad en el escenario europeo. La transición española, hace cuarenta años, sorprendió al mundo y fue un ejemplo de puertas afuera. Ojalá que la política española en el 2017 nos dé otra grata sorpresa.