“No tenemos más pisos sociales porque nos falta financiación”
ENTREVISTA A PILAR GARCIA-ALMIRALL Catedrática de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC
Pilar Garcia-Almirall, directora del estudio comparativo de las políticas de vivienda entre seis ciudades de Europa y América, explica la situación que vive Barcelona y cómo la experiencia de otras ciudades la puede ayudar a dar un paso adelante.
¿Lo que pasa fuera sirve para definir las líneas a seguir en Barcelona?
Sí, pero no es fácil, porque no partimos de cero. Cada ciudad, teniendo en cuenta su modelo de estado del bienestar –además de otros condicionantes sociales, culturales, económicos, etc.–, ha resuelto de una manera diferente el acceso a la vivienda, la gestión del parque público y las políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La situación de Barcelona, y en general la de los países mediterráneos, viene condicionada por la trayectoria de desarrollo del estado del bienestar; la inversión en vivienda siempre ha sido poca y se ha dejado que fueran las familias las que se ocuparan de resolver esta necesidad. Esto ha sido muy perjudicial cuando el precio de la vivienda se ha encarecido y han aumentado las dificultades para pagar, lo que ha conllevado al empobrecimiento de una parte de la población.
Y, además, no hay suficiente vivienda a precios asequibles.
Porque no se ha construido. La Ley de la Vivienda de 2007 permite reservar más suelo para destinarlo a alquiler social, pero una ley sin financiación no puede aplicarse. Éste es el principal problema, la falta de financiación. En las ciudades estudiadas, sus países destinan entre el 1,3 y el 4% del PIB a inversión pública en vivienda. En España, en 2011 se destinaba el 0,23% y hoy el 0,08%.
Así es difícil poder avanzar...
Sí, de ahí el nuevo Plan de la Vivienda municipal, que incide en la línea de construir más vivienda a precio social.
¿En qué más hay que incidir?
En tener más organizaciones y entidades, muchas del tercer sector, que dispongan de vivienda social. Aquí tenemos algunas, como Cáritas, pero son pocas y tienen pocos medios y poca capacidad de actuación. En el resto de Europa tienen fuerza. Algunas nacieron hace más de cien años y cuentan con un parque público, se ocupan de la gestión y mejora de las viviendas, y fomentan la convivencia en los barrios. También es importante tener una gran entidad que se centre en temas de suelo y vivienda. Iría en la línea de crear un Observatorio de la vivienda, que pudiera establecer topes, orientar sobre precios... Ciudades como París o Berlín ya lo tienen.
¿Qué otras acciones ve posibles para atajar la actual emergencia habitacional?
Hay que buscar fórmulas para optimizar el parque de vivienda, potenciando que los pisos vacíos entren en la bolsa de alquiler social, haciendo entender a los pequeños propietarios que la vivienda no es un negocio especulativo, sino una necesidad. Y, por ejemplo, que las viviendas turísticas, que son una actividad económica, tengan una fiscalidad diferente. En el caso del alquiler, las diferentes leyes han facilitado que los propietarios mejoraran sus rendimientos, pero no se han puesto medidas para proteger a los inquilinos. Por ejemplo, en Alemania el alquiler es indefinido y los incrementos son regulares. Aquí un inquilino, cuando se le acaba el contrato, se puede encontrar con un incremento desmesurado. También ha habido más ayudas y desgravaciones para la compra de vivienda que para el alquiler.
¿Qué consecuencias pueden haber si no se revierte la situación actual?
Si no facilitamos que los jóvenes se queden en la ciudad y la hagan suya, tndremos una población envejecida y pobre. Barcelona debe dar un salto adelante para cambiar las políticas de vivienda. Otros países demuestran que es posible, que hay mecanismos, aunque también hay un cambio cultural: los jóvenes actuales optan por el alquiler porque comprar se ve muy arriesgado. También es imprescindible la implicación y participación ciudadana. Necesitamos saber qué necesita y qué piensa la ciudadanía para decidir las políticas de vivienda.
“Hay que fomentar la participación de la ciudadanía para decidir las políticas de vivienda”