El Supremo envía a Homs a juicio por el 9-N
El auto señala que hubo desobediencia “obstinada y pertinaz”
El juez del Tribunal Supremo (TS) encargado de la causa contra Francesc Homs por el 9-N, Andrés Palomo, dio ayer por cerrada la investigación y dictó un auto en el que acusa al portavoz del PDECat de haber impulsado la consulta siendo plenamente consciente de que con ello desobedecía una orden explícita del Tribunal Constitucional (TC). El magistrado estima, por tanto, que hay motivos más que suficientes para sentar a Homs en el banquillo del Supremo como supuesto autor de los delitos de desobediencia y prevaricación.
El auto –equivalente al procesamiento– no es el último paso para abrir el juicio oral, pero sitúa el proceso en la antesala de la vista. El fiscal tiene ahora diez días para formular escrito de acusación o pedir el archivo de la causa. A la vista de todos los antecedentes sobre su conducta anterior, lo que va a hacer es lo primero. La Fiscalía ha impulsado siempre este proceso contra Homs desde que se le abrió tras la aparición de documentación sobre las instrucciones dadas a la empresa T-Systems para que prosiguiera su labor de preparación de la infraestructura informática para la consulta. La razón dada por Homs fue que tal labor no suponía desoír orden alguna del TC.
El juez Palomo lo recuerda en su auto para apoyarse especialmente en aquel hecho cuando expone en qué se basa para acusar al exconseller de Presidència. En ese relato, el magistrado utiliza adjetivos contundentes para describir la conducta que atribuye y reprocha a Homs. Dice, por ejemplo, que el exconseller incurrió en “desacato” al TC de manera “abierta, obstinada y pertinaz”. El juez no ha creído, en suma, la tesis de que el Constitucional no fue claro ni explícito sobre qué comportamientos habían quedado prohibidos tras la suspensión de la consulta del 9-N.
Más aún, la tesis del juez es totalmente opuesta a esta idea. El magistrado subraya de nuevo que Homs era consciente de su desobediencia cuando sostiene en su resolución que el hoy portavoz del PDECat en el Congreso “no suspendió ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta”. Y añade que “ni siquiera” detuvo “los que dependían directamente del Departament de la Presidència del que era titular, a pesar de ser consciente de la inviabilidad de la celebración” del 9-N. Por tanto, el juez afirma que Homs “potenció el desarrollo del denominado proceso participativo”, y para ello “dio amparo” a “otras actividades de carácter decisivo para la celebración de la consulta”, todo ello hecho sobre la base de “consultas jurídicas en realidad inexistentes”.
El caso de las dudas expuestas por T-Systems se subraya de forma expresa como indicio de que el exconseller dijo haber pedido un asesoramiento legal que no existió. Y sí, en cambio, se le dijo a la empresa que su labor no estaba afectada por la suspensión del 9-N. El juez también acusa a Homs de haber realizado incluso “alguna contratación ulterior” para garantizar la consulta. Por todo ello estima que sus decisiones fueron “arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constitución” y debidas al deseo de “imponer la voluntad” de la Generalitat “sobre la del órgano constitucional”.
La resolución fue criticada por los dirigentes de las fuerzas soberanistas y aplaudida por los constitucionalistas. “Todo mi apoyo a Homs”, dijo el president Puidemont, para quien el 9-N “nos acercó más a la independencia”. El conseller Rull lamentó la “obsesión del Estado” por “castigar la democracia”.El ministro Zoido (Interior) estimó, en cambio, que “el Estado de derecho está funcionando”, y el delegado del Gobierno, Enric Millo, dijo que quien judicializa la política es “quien incumple la legalidad”. Villegas, vicesecretario de C’s, consideró “peligrosos” a los políticos que se creen “por encima de la ley”. A través de su portavoz, Eva Granados, el PSC pidió para Homs “una sentencia justa”.