1.074 días sin respuesta
Extrabajadores de Delphi en Cádiz abandonan su encierro
Casi tres años después de que comenzaran su encierro en el edificio de los sindicatos de Cádiz, los extrabajadores de la multinacional Delphi en la Bahía de Cádiz ponían ayer su punto final a esta forma de protesta. “Después de 1.074 días no abandonamos la lucha, vamos a continuarla en la calle y hacemos desde ya un llamamiento a la ciudadanía para que nos apoye”, aseguraba Francisco Carretero, portavoz del colectivo de extrabajadores, conocidos como los ex Delphi.
“Son momentos de sentimientos encontrados. Por un lado sentimos impotencia, abandono, pero también estos días nos han servido para fortalecer la camaradería”, señalaba Carretero. Ahora se dedicarán a luchar por sacar adelante el documento con 123 propuestas contra el desempleo en la Bahía de Cádiz que han consensuado con partidos políticos y sindicatos. “Han sido meses muy duros, hemos sufrido mucho desgaste y queremos que este esfuerzo sirva para encontrar soluciones de otra manera”, dijo Carretero.
El acto de ayer sirvió para recordar a los compañeros que ya no están “porque fallecieron por causas naturales o se han suicidado”, comenta Francisco Serna, veterano de la protesta. En la rueda de prensa los portavoces de los ex Delphi se reiteraron en el “engaño, el abandono y la traición” que han sufrido por parte de la Junta de Andalucía.
En febrero del 2007 se anunció oficialmente el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real, una medida que afectó a 1.902 trabajadores de la multinacional y a otros 500 de la industria auxiliar. De ellos, unos 750 fueron prejubilados y 350 recolocados en la planta de Alestis. Pero de la decena de empresas que los gobiernos estatal y autonómico prometieron que se iban a instalar en la Bahía para absorber esa mano de obra, nada se supo nunca. Pero se avecinaban citas electorales importantes y el PSOE andaluz temía el efecto político que el cierre de la empresa podía acarrear.
La Junta obligó a que los trabajadores entraran en el llamado dispositivo de tratamiento singular, que les aseguraba la recolocación y la formación. Pero las empresas no llegaron y los cursos de formación fueron un fraude, ahora bajo investigación judicial. En el 2012 la Junta dio el carpetazo definitivo al asunto y abandonó a su suerte a unos 500 trabajadores, pese a las promesas de Rodríguez Zapatero y las declaraciones de Susana Díaz de que “los acuerdos están para cumplirlos”.