El año del choque de trenes
El 2016 se va plagado de grandilocuentes declaraciones de intenciones por parte de los partidos independentistas. En el 2017 deberán pasar a los hechos. No hay marcha atrás, por lo que es previsible, esta vez sí, el choque frontal
Después de cinco años de proceso independentista, sus impulsores auguran que entramos, al fin, en el año decisivo. Durante este tiempo se han sucedido grandes movilizaciones, alianzas electorales inéditas, varios adelantos electorales, descomposición de partidos antes hegemónicos, intento de referéndum, procedimientos judiciales contra los dirigentes políticos, relevo en la presidencia de la Generalitat, alianzas de gobierno contra natura en lo ideológico… hasta llegar a este tramo final en el que nos adentramos, cuando expirará el último plazo que se han dado los partidos que defienden la independencia para alcanzar la prometida república catalana. El viaje a Ítaca, como bautizó
Artur Mas este proceso, aún no ha acabado. Pero quizá el final tendrá más que ver con otra metáfora, más terrestre, que también ha hecho fortuna en este tiempo: el choque de trenes. En septiembre del 2014, Mas decía: “Se habla de choque de trenes, pero para que exista, habría que ir por la misma vía y en dirección contraria. Catalunya y el Estado ya van por diferentes vías y en direcciones diferentes, no hay choque de trenes, hay distanciamiento de los trenes”. Así ha sido hasta ahora. A cada paso que el independentismo ha dado, el Gobierno central ha respondido con los tribunales. Pero esa dinámica no podrá durar mucho más.
Carles Puigdemont y sus socios de ERC, alentados por la CUP, no tienen ninguna intención de dar marcha atrás en su promesa de aprobar una ley de transitoriedad jurídica antes del próximo verano, que es, de facto, una declaración de independencia… en diferido. Es decir, la secesión de Catalunya quedaría proclamada por una ley del Parlament cuyo contenido sólo entraría en vigor plenamente cuando se celebrara el referéndum que esa misma norma convocaría y suponiendo que de dicha consulta saliera un sí a la independencia. Un procedimiento que costará que obtenga un reconocimiento internacional.
Mientras tanto, se suceden los ejercicios de precalentamiento. Como el de esta semana, con el anuncio por parte de Junts pel Sí y la CUP de un acuerdo por el que se comprometen a aprobar esa ley de desconexión. Todo viene del debate de política general de octubre pasado, cuando los cuperos exigieron que antes de fin de año se votara “como mínimo, la regulación sobre la sucesión de ordenamientos jurídicos, la nacionalidad, los derechos fundamentales, el sistema institucional, la potestad financiera y el poder judicial durante el periodo de transitoriedad entre la proclamación de la República catalana y la aprobación de la Constitución”. Finalmente lo que se aprobó en aquel debate es pactar un texto que recogiera esas intenciones, sin necesidad de votarlo, y eso lo que se ha hecho esta semana, justo antes de expirar el plazo del 31 de diciembre. Una y otra vez los actores del proceso se comprometen a culminarlo, aunque aún no ven llegado el momento del salto. Esas declaraciones de intenciones reiteradas buscan enviar el mensaje de que se siguen dado pasos hacia la independencia.
Junts pel Sí ha justificado que no se vaya más allá por el momento en la necesidad de aplicar la “astucia” para no ponérselo fácil al Gobierno central y al Tribunal Constitucional. En el ya largo recorrido del procés hay que discernir entre lo que son puestas en escena para mantener el ánimo y los verdaderos pasos con consecuencias políticas y jurídicas. Lo de esta semana forma parte de lo primero, pero la hora de las acciones llegará en el 2017. Antes del próximo verano la ley de desconexión se aprobará y el Govern cree que se hará en un clima caldeado, ya que para entonces habrán avanzado los procesos judiciales contra dirigentes independentistas. De hecho, la ley de transitoriedad convoca al mismo tiempo el referéndum y una reacción airada del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el sentido de aplicar medidas de excepcionalidad como la suspensión, aunque sea parcial, de la autonomía, favorecería la estrategia de Junts pel Sí de movilizar al soberanismo en la calle en demanda de la consulta.
Llegaremos, pues, al famoso choque de trenes. De momento, cada convoy circula por su carril, pero en Catalunya no son desconocidos los tramos de una sola vía. No parece que las inversiones ferroviarias de la operación diálogo del Gobierno del PP sean suficientes para impedir que en este 2017 los dos trenes se encuentren en el mismo raíl y en sentido contrario.