Cuatro tesis sobre la prudencia
La política depende del espacio y el tiempo y es ajena al laboratorio aséptico de las ideas platónicas. Teoría y práctica no siempre siguen el mismo itinerario. Por eso, la responsabilidad exige renunciar al lucimiento doctrinal en favor de la concordia cívica… Hablamos, aquí y ahora, de una Constitución exitosa (la mejor de nuestra agitada historia) y de las propuestas de reforma que nos inundan. Son legítimas, siempre y cuando respeten las reglas del juego constitucional, como es propio de una sociedad civilizada cuya convivencia deriva del Estado de Derecho y no de la lucha hobbesiana de todos contra todos. He aquí cuatro tesis a favor de la prudencia, que no es inmovilismo, sino búsqueda de soluciones desde el punto de vista del interés general.
Primera tesis. Consenso de salida. En 1978, en circunstancias objetivamente más difíciles, había un “proyecto sugestivo” en el sentido de Ortega: salir de la dictadura y llegar a una democracia equiparable a las europeas. Lo hemos conseguido, con sus grandezas y, cómo no, con sus servidumbres. Hoy día, en cambio, solo existe un proyecto compartido entre los partidos “constitucionalistas”. En cambio, hay quienes pretenden abrir un insólito “proceso constituyente”, una visión adanista que persigue derribar el edificio y construir con peores materiales. Otros impugnan el propio sujeto constituyente, en nombre de derechos inexistentes en el ordenamiento interno e internacional. Los defensores de ciertas reformas utilizan de forma imprecisa conceptos tan ambiguos como “federalismo”. Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, decía el personaje de Alicia en el país de las maravillas. Todo depende, concluye, de “quién manda aquí”. Frente a la confusión, parece imprescindible un acuerdo de partida, fijar un “perímetro” sobre los aspectos que compartimos una gran mayoría: Estado social y democrático de Derecho; Monarquía parlamentaria; Estado “compuesto” en el plano territorial, capaz de conjugar unidad, pluralismo y solidaridad. Sin este consenso, no hay tal reforma, sino aventuras en el vacío.
Segunda. Respeto al procedimiento. La Constitución se puede reformar, porque –como decían los Padres Fundadores de los Estados Unidos– no existen leyes “perpetuas”. Pero el procedimiento es la esencia de la democracia, de acuerdo con Habermas. La reforma agravada del artículo 168 es muy exigente. Los tiempos no son propicios, cuando hay muchas tareas penblico dientes para consolidar la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos. La reforma ordinaria del 167 es más sencilla, pero el referéndum facultativo, a solicitud de la décima parte de los diputados, puede abrir una fractura social. Por lo demás, el consenso resulta imprescindible. Felizmente, la Constitución es de todos y para todos, de manera que nadie puede imponer su voluntad al resto de los españoles. Conviene, pues, abrir un debate sosegado y razonable, previo estudio riguroso por los expertos, en el marco de un diálogo político donde se busquen con flexibilidad los acuerdos posibles y realistas. Ni deprisa ni despacio, sino con el ritmo adecuado.
Tercera. Propuestas rigurosas. Hay pocos criterios unánimes, a día de hoy. Si acaso uno: equiparar los derechos del varón y la mujer en la sucesión a la Corona. Existen otros temas donde, con matices, las posiciones podrían acercarse. Algunos se identifican en el valioso informe del Consejo de Estado, completado entonces con debates de gran altura jurídica celebrados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Me refiero a la Unión Europea. También a la reforma del Senado, puesto que la propia Cámara Alta ha trabajado sobre una posible ampliación de sus funciones de naturaleza territorial. Hay una faceta “técnica” en el título VIII: competencias estatales y autonómicas; mecanismos de coordinación y solución de conflictos; “cierre” del sistema para evitar una discusión perpetua. Todo ello es complejo y exige un trabajo de orfebrería jurídica a partir de compromisos políticos muy precisos. No es fácil, pero no es imposible. Precisamente porque tenemos una buena Constitución, contamos con un notable elenco de expertos en Derecho Pú- capaces de preparar documentos solventes. Otras propuestas (aforamientos, poder judicial o derechos sociales) distan mucho de estar maduras. Son cuestiones relevantes, pero hay que explorar las opciones que ofrece el sistema de fuentes para realizar mejoras por vía legislativa. Lo mismo digo respecto de la “formula” electoral y otros puntos que interesan más a unos que a otros.
Cuarta y última. Catalunya en el horizonte. La cuestión más compleja, como otras veces en la historia. Ante todo, se deben respetar de forma escrupulosa los procedimientos. Las leyes y las sentencias han de ser cumplidas, como sabemos los juristas y los políticos responsables, sin populismos ni demagogias. No cabe inventar teorías con nombres equívocos (derecho a “decidir”) en nombre de sujetos colectivos construidos ad hoc. Quiero decir que Catalunya, como el conjunto de España, como Europa y el mundo global, es una sociedad abierta, en el sentido de Karl Popper, y no hay una voz única que tenga el monopolio de las esencias. Todos cabemos en esta realidad plural, sobre todo los que somos con naturalidad catalanes y españoles. Por razones de autonomía estatutaria, la Generalitat gobierna en el ámbito muy amplio de sus competencias. Pero también el Gobierno de España sirve al interés de los catalanes y la presencia habitual de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría refleja esa oferta de diálogo sobre todo aquello (mucho y muy importante) que cabe en el marco constitucional ¿Es factible una reforma sobre este ámbito decisivo? Hay un principio que compartimos todos los demócratas, la igualdad sin privilegios. A partir de ahí, la realidad histórica y social ofrece diferencias que enriquecen al conjunto y cuyo encaje es deseable desde la lealtad y la concordia. Decidimos todos. Como dicen los viejos textos de la historia europea común: quod omnes tangit ab omnibus approbetur; es decir, “lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado”.
La prudencia no es inmovilismo, sino búsqueda de soluciones desde el punto de vista del interés general ¿Es factible la reforma? Hay un principio que compartimos todos los demócratas, la igualdad sin privilegios