Volvería a hacer lo mismo
Ahora hace un año, en estos primeros días de enero, se produjo el relevo en la presidencia de la Generalitat y Carles Puigdemont se convirtió en el 130.º presidente de una institución nacida en 1359. En el transcurso de este último año me he encontrado con muchas personas que me han preguntado si me arrepentía de haber dado el paso al lado, y si había valido la pena. Mi respuesta siempre ha sido la misma: no me arrepiento y ha valido la pena. Ahora, pasado un año, querría dejar constancia escrita de las tres razones que me llevaron a tomar una decisión poco habitual en política.
La primera razón era diáfana: dar una oportunidad de éxito y de victoria al proceso soberanista, que en las elecciones plebiscitarias de septiembre del 2015 había conseguido por primera vez la mayoría absoluta en el Parlament, con una participación récord del 75% de la población, nunca alcanzada hasta entonces en unas elecciones a nuestra cámara. Mi renuncia evitaba repetir elecciones, y aseguraba no poner en peligro una mayoría parlamentaria que había supuesto un esfuerzo ingente y la ilusión y la implicación de muchos miles de personas.
La segunda razón era de oportunidad. Sabíamos que la dirección de ERC no quería repetir Junts pel Sí. Unas nuevas elecciones habrían comportado que cada partido hubiera ido por separado, diluyendo así la apuesta soberanista y poniendo el foco en la competencia entre partidos y no en la cooperación.
La tercera y última razón era de justicia y de equidad. Sin mi renuncia se habría señalado a mi partido y a mí mismo como el eslabón inestable y débil de una cadena que se rompía por nuestro egoísmo y nuestro afán de aferrarnos al poder. Paradojas de la historia: quienes más responsabilidades habíamos asumido, más riesgos habíamos corrido, más guerra sucia habíamos sufrido, y más sacrificios personales y políticos habíamos cargado sobre nuestros hombros, habríamos sido presentados como los traidores a una causa noble y justa. Sabemos por experiencia que a las victorias se apuntan muchos y en los fracasos te quedas solo.
Si esta vez la CUP no falla y se aprueban los presupuestos, los próximos meses tienen que dar sentido a todo lo que se ha hecho en los últimos cinco años. Y el sentido es doble: ganarnos como país el derecho a decidir nuestro futuro político, y plantear si Catalunya tiene mayoría y fuerza suficientes para construir su propio Estado, soberano y europeo. Cuatro de cada cinco ciudadanos catalanes avalan el primer objetivo, el referéndum; y uno de cada dos el segundo, el Estado para Catalunya.
Dentro de pocas semanas Joana Ortega, Irene Rigau y yo mismo seremos juzgados por la vía penal por defender estas ideas. Tanto el derecho a decidir como el Estado catalán son ideas democráticas y pacíficas. Se puede estar a favor o en contra, y tan respetable y legítima es una posición como la otra. Defendemos unas ideas y un proyecto que tienen un fuerte arraigo en la población catalana. Un proyecto que si sale bien, como espero y confío, puede suponer una transformación muy positiva de Catalunya en términos de bienestar, de justicia y de progreso colectivo. La consecución de un Estado para Catalunya, insertado en el mundo de las interdependencias europeas y de la globalización a nivel mundial, puede convertir Catalunya, en una generación, en la Dinamarca mediterránea. Es decir, un país con alto empleo y paro testimonial, salarios dignos, un Estado de bienestar robusto y sostenible, una economía sumamente innovadora y abierta, una sociedad basada en el conocimiento y la cultura, y una democracia de alta calidad.
Es normal que España quiera retener a Catalunya dentro del perímetro del actual Estado. Es legítimo que muchos catalanes no vean claro o no estén de acuerdo con una independencia catalana. Sin embargo, lo que no es tolerable, ni democrático, ni admisible, es que en la España del siglo XXI se persigan judicialmente personas por tener y defender ideas como las que he descrito que no gustan a la tecnoestructura y a los poderes fácticos del Estado.
Los que a principios de febrero iremos a juicio entraremos con la cara bien alta. Orgullosos de haber sabido interpretar un sentimiento muy transversal en Catalunya como es el de nuestro derecho a decidir. Convencidos de que volveríamos a hacer lo mismo, porque poner urnas como un vehículo de libertad de expresión no puede ser nunca delito en un Estado democrático. Honrados de haber podido servir a Catalunya en uno de los momentos más apasionantes y decisivos de su larga historia, con la mirada puesta en el futuro. Y dispuestos a pasar por un juicio político que si acaba con una sentencia contraria sirva para dejar claro que los intereses de un país son más importantes que los de un partido o los de una persona.
Poner urnas como un vehículo de libertad de expresión no puede ser nunca delito en un Estado democrático