El Ayuntamiento prevé un Peuat más restrictivo

El plan de alojamientos turísticos que BComú quiere pactar con ERC y la CUP pretende limitar aún más las aperturas que en el documento inicial

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau trata por fin de llevar la iniciativa en las negociaciones en torno a la aprobación definitiva del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). El tiempo se agota. El gobierno municipal quiso ayer acercarse a las posiciones de los grupos de ERC y de la CUP, y al mismo tiempo alejarse de las ofertas de pacto de CiU, Ciutadans y PP, y manifestó su disposición a endurecer las restricciones previstas en esta norma destinada a regular en qué partes de la ciudad se podrán abrir nuevas plazas de alojamiento para visitantes. El gobierno se muestra en estos momentos dispuesto a ampliar las zonas de Barcelona donde de ningún modo se permitirá poner en funcionamiento nuevas camas, siquiera incluso cuando alguna cierre de manera previa.

A esta zona, circunscrita en la propuesta municipal original formulada hace poco menos de año al distrito de Ciutat Vella y algunas partes de los de Gràcia, Eixample y Sants-Montjuïc, se suman ahora los barrios de Hostafrancs, Sant Antoni, Vila Olímpica y el Poblenou, así como toda la zona comprendida por el 22@. Fuentes municipales subrayaron ayer que el grado de saturación de estos lugares no les deja otro remedio y que así cumplen con las peticiones vecinales surgidas en los últimos meses. El gobierno también asegura que no apoyar esta propuesta y bloquear la aprobación del Peuat supone abocar a la ciudad a una situación de colapso turístico. Peuat o caos, alertan ahora. Hasta ayer, durante las últimas semanas, el gobierno se mostró más bien cauto en los contactos con el resto de grupos. Fueron los sectores de la oposición quienes pusieron sobre la mesa diversas posibilidades de acuerdo. Todos ellos lamentaron la falta de interés del gobierno en tratar de seducirles, de ganarse su apoyo.

Y en verdad quienes menos dificultades plantearon al gobierno fueron los grupos de de CiU y Ciutadans. Pero Colau y los suyos tendrían muchos problemas para justificar ante sus bases un acuerdo con estas formaciones, un pacto que diera pie a un Peuat mucho más flexible y moderado. Su última propuesta no dice ni una palabra ni sobre la disconformidad urbanística ni sobre la seguridad jurídica, cuestiones que sobre todo preocupan a CiU, Ciutadans y PP. ¿Podrán los establecimientos situados en la zona de más duras restricciones realizar obras de mantenimiento?, ¿los edificios patrimoniales podrán convertirse en hoteles?, ¿qué ocurrirá con las docenas de proyectos que se vieron interrumpidos con instauración de la moratoria de las plazas de alojamiento turístico? Al principal grupo de la oposición le costaría mucho apoyar el Peuat que propone el gobierno. Es del todo contrario a cualquier plan de decrecimiento urbanístico. Pero podría abstenerse caso de que la alcaldesa rebajara algunas restricciones.

La ampliación de las restricciones ahora propuesta es un gesto destinado conseguir el apoyo de ERC. Si los republicanos finalmente apoyan esta última propuesta el gobierno podría sacar adelante el Peuat que tanto anhela, uno que podría ser calificado como de izquierdas. La CUP aspira a una norma aún más restrictiva, dice que está muy decepcionada con la actitud de BComú, que no les hace ninguna gracia la implicación del PSC en el proceso, pero ya explicó que no piensa abocar la ciudad a una situación de barra libre. Si ERC vota que sí lo más probable es que los antisistema anticapitalistas se decanten por la abstención. Porque si bien la prórroga de la moratoria en la concesión de hoteles y otros establecimientos para turistas no expira hasta el 1 de julio, antes, en marzo, vence otra suspensión de licencias, la del plan de usos de Gràcia, que también afecta a los alojamientos turísticos. En abril, ocurrirá lo mismo con el Poble Sec. Al gobierno le gustaría llevar al Peuat a la comisión de Urbanismo de este martes, y luego al pleno de final de mes, pero no descarta aprobarlo en una convocatoria extraordinaria. En este contexto el voto decisivo sería el del PSC. A pesar de que los socios de gobierno de la alcaldesa se sentirían más cómodos con una norma más suave, más acorde con las pretensiones del sector empresarial, tampoco podrían torpedear el anhelado Peuat de izquierdas. Ayer, entidades que dicen luchar contra la masificación turística quisieron presionar el sprint final de las negociaciones y protagonizaron varias protestas ante unos cuantos hoteles y albergues.

De todas formas los republicanos están vendiendo muy caro su apoyo al Peuat. No les temblará el pulso ante la posibilidad de frenar al gobierno. Su estrategia, desde hace meses, es clara: determinar todas las políticas municipales o, en su defecto, erosionar a la propia Colau. Aspiran a ganar las próximas elecciones locales. Y la última oferta del gobierno tampoco dice ni una palabra sobre la condición más espinosa de ERC: la celebración de consultas populares sobre el futuro de tres proyectos hoteleros que en estos momentos tienen luz verde, que en principio cumplen con todos los requisitos legales. Hablamos del hotel de Rec Comtal, cuyas obras están muy avanzadas, el macroalbergue de la Vila Olímpica, que retomó sus trabajos tras solucionar unos cuantos flecos administrativos y el de Drassanes, cuyos promotores ya emprendieron acciones legales contra el Ayuntamiento para denunciar las trabas administrativas a su proyecto. La propia Janet Sanz, la teniente de alcalde de Urbanismo, cifró en más cien millones de euros las indemnizaciones a las que la ciudad debería hacer frente para detener estos tres proyectos.

Sant Antoni, Vila Olímpica, Hostafrancs, el Poblenou y el 22@ se suman a la zona de decrecimiento de plazas