Tu banco amigo
Es ya un tópico de la política municipal barcelonesa que la oposición martillee los oídos del gobierno de turno acusándole de sumisión al Govern de la Generalitat. Los alcaldes socialistas, después de una larguísima temporada quejándose del agravio a que el gobierno autonómico de Jordi Pujol sometía a la capital de Catalunya, fueron acusados de rendir pleitesía a los tripartitos. Al alcalde convergente Xavier Trias le pasó algo parecido: se le atribuyeron funciones de banquero de la Generalitat por cubrir gastos e inversiones que correspondían a la arruinada administración hermana. Y, ahora, quienes alimentaron aquel discurso desde la izquierda ven cómo de fiscales han pasado a abogados defensores, o mejor dicho, a buenos pagadores de la Generalitat. Esta ha encontrado en el Ayuntamiento de Barcelona un excelente socio (casi un mecenas) financiero que va camino de convertirse en algo parecido a lo que el Barça ha significado para el Arsenal durante largos años, una bicoca, un dechado de generosidad.
Cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona está consiguiendo que la Generalitat vaya reduciendo poco a poco la deuda histórica contraída con el Consistorio y que ha logrado también que se haga cargo de una serie de obligaciones que parecía haber olvidado. Sin embargo, la fórmula empleada para financiar la apertura de dos estaciones de la L9 del metro en la Zona Franca, repetida en exceso como ya está sucediendo, puede acabar desvirtuando la relación entre las dos instituciones. Con la venta de edificios y solares al mejor postor, que en este caso no es otro que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat se despatrimonializa a marchas aceleradas, algo que no deja de sorprender en una administración que aspira a ser más pronto que tarde la de un Estado independiente. Por su parte, el Ayuntamiento, que ya es el principal propietario inmobiliario de la ciudad, no deja de acumular, como si se tratase de un jugador del Monopoly acompañado por la fortuna, inmuebles a los que confiemos sepa dar un uso adecuado (ya va siendo hora de que la Barcelona de los alquileres por las nubes disponga de un parque público de vivienda similar al de otras grandes capitales europeas).
La compraventa de media docena de fincas para poder llevar el metro a la Zona Franca –una operación que ha costado al Ayuntamiento 46,2 millones– nos ha recordado, una vez más, ese desastre nacional llamado L9, mal concebido y peor financiado, un pozo sin fondo, eso sí, con las paredes revestidas de oro, que si las cosas se hubieran hecho con un mínimo de sentido común –algo que faltó a gobernantes de distinto signo político– no haría necesaria hoy una operación de trazo grueso como la sellada por la alcaldesa Colau y el vicepresidente Junqueras. Hay que compadecer al conseller Rull, entregado desde hace meses a reconstruir la arquitectura financiera de un proyecto que deja corta la denominación de chapuza.
Los pagos del Ayuntamiento a la Generalitat recuerdan aquellas compras que el Barça efectuaba al Arsenal