Colau pacta con Trias el plan de vivienda hasta el 2025

El principal grupo de la oposición logra a cambio de su voto que aumenten las ayudas al alquiler y refuerza el papel del tercer sector

Cuarenta y ocho horas después de dejar listo para su aprobación –el próximo viernes en el pleno municipal– el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) con el apoyo de ERC, Ada Colau pudo tachar ayer otro ítem marcado con letras rojas y subrayado en su lista de tareas pendientes. El grupo de CiU anunció que, también el próximo plenario, votará con el gobierno el plan de vivienda 2016-2025. Este es el resultado de una negociación mucho más discreta que la del Peuat y en la que el gobierno municipal ha aceptado total o parcialmente 19 de las 20 alegaciones formuladas por el principal grupo de la oposición.

A la formación que lidera la alcaldesa, este acuerdo le sirve para obtener un amplio respaldo para el que pretende que sea uno de los aspectos esenciales de su gestión y para demostrar que la geometría variable vuelve a ser posible en el Ayuntamiento de Barcelona. A CiU le irá bien para recordar que su ADN es el de una formación de gobierno, para confirmar, como dijo ayer su portavoz, Joaquim Forn, que no es el partido del no y para obtener un cierto reconocimiento público y político de que las iniciativas planteadas –y muchas de ellas puestas en marcha– durante el mandato de Xavier Trias eran progresistas y no estaban muy alejadas de las que defienden los comunes, más identificados como los abanderados de las políticas sociales de vivienda. En definitiva, todos contentos por el pacto, que traza una nueva e interesante vía en las relaciones enintegrada tre dos grupos que suman mayoría en el Ayuntamiento (21 de 41 concejales, 25 si se añaden, como debe ser, los cuatro socialistas integrados en el gobierno Colau)

Más allá de las lecturas sobre la base de la importancia política del acuerdo, su contenido también tiene su miga. Y, lo que realmente interesa, será positivo para muchos barceloneses. En la negociación, CiU ha conseguido que el gobierno de la ciudad incremente las ayudas al alquiler durante el primer quinquenio del plan. La partida prevista pasa de 138 a 162 millones de euros y el número de beneficiarios estimado, de 57.500 a 65.000.

Otro aspecto importante del pacto es el aumento del suelo disponible para que las entidades del tercer sector desarrollen vivienda protegida. De 750 pisos de estas características se pasa a 1.250. Asimismo, el gobierno municipal y el grupo de CiU estudiarán la creación de una empresa mixta, por el Ayuntamiento y grandes propietarios de vivienda, para que estos aporten los activos inmobiliarios y el Consistorio se encargue de la gestión. El propósito de esta medida es, por un lado, acelerar la puesta en disposición de vivienda de alquiler asequible a sus potenciales beneficiarios y, por otra parte, blindar el control de estos pisos que ahora se destinan a vivienda de alquiler social pero que en cualquier momento podrían quedarse fuera de esta categoría.

Otras medidas pactadas por los equipos de Ada Colau y Xavier Trias son las de acelerar la elaboración del censo de viviendas vacías de la ciudad, a fin de tenerlo en cinco años y no en diez como estaba previsto inicialmente; el compromiso del gobierno local de aumentar las dotaciones de vivienda protegida en los sectores de desarrollo urbanístico; la posibilidad

El gobierno municipal acepta total o parcialmente 19 de las 20 alegaciones presentadas por CiU Forn admite la buena voluntad de BComú y lee el acuerdo como un aval a las políticas del anterior alcalde

de que los concursos de vivienda pública del Ayuntamiento incorporen una mixtura de usos residenciales con usos productivos, para reducir así la carga que representa para la ciudad, en términos de pérdida de tiempo e incremento de la contaminación, la movilidad obligada por razones laborales, y la ampliación del programa Housing First, que ofrece una alternativa de vivienda a las personas sin hogar.

Joaquim Forn, que presentó los términos del acuerdo junto a los concejales de CiU Jordi Martí y Maite Fandos, admitió que, a diferencia de lo sucedido por ejemplo con el Peuat, esta vez sí ha habido voluntad de negociar y de llegar a acuerdos por parte del gobierno. “Hubiéramos podido hacer demagogia y centrarnos en la crítica, pero queremos colaborar en la resolución de los problemas”, añadió. Y Barcelona, una ciudad en la que el parque público de vivienda apenas representa el 2% del total, y en el que los precios de la vivienda vuelven a dispararse, tiene realmente un problema.