La Síndica estalla contra el “drama de la vivienda”
La defensora de los ciudadanos pide que se amplíe la plantilla de la policía municipal para evitar que queden objetivos desatendidos
Barcelona, “singular y muy compleja”, vive situaciones “paradójicas e indeseables”. Los servicios sociales están sobresaturados de trabajo y “cerca de mil personas duermen en la calle”. La ciudad “expulsa a muchos vecinos de sus barrios”. Es ruidosa, tiene una ordenanza del civismo que “castiga a los colectivos más vulnerables” y una insuficiente plantilla de la policía municipal, lo que causa “indefensión a la ciudadanía”. Pero un problema destaca sobre todos los demás: no puede garantizar el derecho a una vivienda digna.
Los informes anuales de la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, son una ocasión excelente para una radiografía urbana. Su último dictamen, de casi 200 páginas, elogia lo que se ha hecho bien, pero también deja constancia de los casos en que la ciudad, como dijo el poeta Juan Eduardo Cirlot, “se derrite lentamente como carcomida por un incendio invisible”. Visibles, muy visibles, son las dificultades para acceder a una vivienda digna, dice Vilà en el balance del 2016, el primero de su segundo y último mandato.
El documento afirma que este es el incendio “más serio, por no decir dramático, al que debe hacer frente Barcelona”. Aunque la defensora de los ciudadanos tiene por función supervisar la administración municipal y mediar ante las injusticias consistoriales que se cometan por acción u omisión, esta vez ha ido mucho más allá y ha sido dura con el Gobierno del Estado y el de Catalunya. La razón es que no se puede culpar al Ayuntamiento de un problema cuya solución no está sólo en su mano.
La Generalitat tiene la potestad legislativa en materia de política social y la titularidad de tres quintas partes del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, recuerda la Síndica, que también critica decisiones del PP. En especial, que recurriera la ley 24/2015 contra los desahucios y la emergencia habitacional. La ley 4/2016 aprobada por el Parlament para sustituirla aporta soluciones “de difícil gestión y dudosa eficacia”. Barcelona tiene una demanda enorme, como demuestran las 25.000 peticiones que se acumulan en el registro de solicitantes de pisos de protección oficial “sin ninguna esperanza”.
Para muchas familias “con las rentas más bajas” la única salida es convivir con otras bajo un mismo techo, hacinarse en infraviviendas o la patada en la puerta. El problema se agrava por la escasa oferta de pisos de alquiler, “prácticamente inexistente en el sector público” y por la “permisividad del Parlament con la ley del turismo”, que ha permitido fenómenos como la gentrificación con la eclosión de los apartamentos turísticos y el “crecimiento especulativo” de los precios. Es necesario, argumenta la Síndica, promover reformas legales “para controlar los precios del alquiler”.
El informe denuncia que en la capital catalana existen unos 16.000 pisos de uso turístico que serían viviendas familiares si el Parlament no hubiera permitido que “la función social de la propiedad declinara en favor de la especulación inmobiliaria”. El Ayuntamiento tampoco debería “inhibirse” con el argumento de que no tiene competencias. Lo que sí deberían tener los responsables municipales es “convicción” a la hora de pedir “modificaciones legales”. El Ayuntamiento, aconseja Vilà, debería estudiar fórmulas para contrarrestar los efectos perniciosos que puede tener “la transmisión de la titularidad de los apartamentos turísticos”, velar para que las licencias sean temporales e impulsar propuestas legislativas para revertir los permisos.
A los detractores de la Sindicatura de Greuges, si los hay, estas denuncias les pueden parecer muy genéricas. Pero denuncias como estas han propiciado respuestas del Ayuntamiento, como el plan de la vivienda 2016-2025 para incrementar el parque público y proteger a las familias más vulnerables, entre otras medidas. Y además la Sindica también pone el dedo sobre la llaga en cuestiones muy concretas. Aunque sus resoluciones no sean coercitivas, esta no es una figura decorativa. Su papel ha sido clave, por ejemplo, en la decisión del Ayuntamiento de crear una funeraria municipal para abaratar las tasas.
La institución también ha sacado los colores al Ayuntamiento y le ha obligado a anular conciertos y festejos municipales que superaban sus propios límites de contaminación acústica. El exceso de ruido, sin embargo, sigue siendo una fuente recurrente de quejas. Sants-Montjuïc y el Eixample lideran las protestas por este motivo. La defensora de los ciudadanos, que pide que la plantilla de la Guardia Urbana se rejuvenezca y amplíe para no “desatender” a la ciudadanía, también ha detectado actividades lúdicas “desproporcionadamente ruidosas” en la plaza de la Concòrdia (Les Corts), Can Porta (Nou Barris) y la plaza de Can Fabra (Sant Andreu) “sin una actitud decidida de los responsables municipales para solucionar el problema”.
La Sindicatura pide cambios legales para regular los precios del mercado de alquiler El informe denuncia que “la especulación inmobiliaria” venció con los pisos turísticos