Fedea reclama que la pensión mínima se actualice con el IPC
La prestación subirá un 0,25% “hasta el 2060” con el modelo actual
Las últimas reformas contendrán el gasto en pensiones en las próximas décadas, pero la revalorización de estas prestaciones estará “atascada” en el 0,25% por mucho tiempo, “hasta el 2060”, advirtieron ayer en Fedea. Y esta congelación tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de los jubilados, por lo que el think tank reclama “mitigar” –que no derogar– los cambios del 2011 y el 2013: “Poner un tope a la pérdida acumulada de poder adquisitivo” y, en especial, “blindar” la pensión mínima ligándola al IPC.
Los autores de La salud financiera del sistema público de pensiones español, Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez, presentaron proyecciones a largo plazo sobre su evolución. Con el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad esperado, “si no se hace nada”, señalaron, el índice de revalorización –aprobado con la reforma del 2013– se mantendrá en el 0,25%. Situación que calificaron de “políticamente imposible”. “Si en 20-25 años sólo crecen al 0,25% y la inflación está en el 2%, los pensionistas estarían perdiendo un 30%” de poder adquisitivo, remarcó De la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Estiman que volver a tomar el IPC como referencia para actualizar cada año la pensión mínima (entre 605 y 786 euros al mes, para un jubilado de 65 años o más, dependiendo de si tiene o no el cónyuge a cargo) supondría un coste medio anual de un 0,4% del PIB. Coste “que habría que financiar con impuestos adicionales”, lo que equivale a una subida del 6% del IRPF, según sus cálculos. En todo caso, admiten que la medida menoscaba el carácter contributivo del sistema y podría desincentivar la cotización en tramos cercanos.
Fedea también habló de revisar la revalorización para limitar, en general, la pérdida de capacidad de compra de los pensionistas. Así son partidarios de que el mínimo –ahora en 0,25%– tenga en cuenta la evolución de precios, con una fórmula similar a la de la subida máxima, establecida en la tasa de inflación más el 0,5%. “Hay margen para mitigar el problema, pero no para desmontar la reforma, ni la indexación al IPC ni mucho menos volver a la jubilación a los 65 años”, insistió De la Fuente. Fedea calcula que la factura de derogar los cambios del 2011 y el 2013 resultaría “demasiado cara”, al superar los cinco puntos del PIB.
Además prevén que la relación entre la pensión media y el salario medio caerá de forma significativa. Según las proyecciones del estudio, puede llegar a caer 30 puntos. Al tiempo, los investigadores del think tank pusieron objeciones a la posibilidad defendida por la ministra Fátima Báñez de que las prestaciones por viudedad y orfandad pasen a estar financiadas con impuestos. Reducir así la presión en las cuentas de la Seguridad Social en 22.000 millones, aseguraron, “no sería suficiente” ni siquiera haciendo lo mismo con la incapacidad permanente –que restaría otros 12.000 millones–. Y “generarían un problema de credibilidad”. Como hizo la semana pasada el Banco de España, De la Fuente apoyó la idea de llevar la jubilación más allá de los 67, aunque flexibilizando también dejar de trabajar de forma anticipada.
En el informe, que toma como base las proyecciones de la Comisión Europea, resaltan los riesgos a la baja en la sostenibilidad del sistema sobre ese escenario, debido a la “incertidumbre sobre la productividad, los procesos demográficos y la tasa de empleo”. Sobre todo, destaca la importancia de elevar al 2% la productividad, y trasladarlo a los salarios, para sanear las cuentas de la Seguridad Social.
El ‘think tank’ pide medidas para paliar la pérdida de poder adquisitivo, sin derogar las reformas