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La planificación de deportaciones masivas de inmigrantes en EE.UU., y la creación de una comisión parlamentaria para investigar las causas de la crisis financiera.
CONSTRUIR un muro que separe Estados Unidos de México, como el que sueña el presidente Donald Trump, tiene por objeto principal evitar que lleguen a su país nuevos inmigrantes latinoamericanos. Prohibir la entrada en EE.UU. de ciudadanos procedentes de siete países musulmanes pretextando que así se contendrá la amenaza terrorista es otra medida de Trump con propósito similar. Estas dos decisiones, de claro perfil segregacionista, se complementaron el martes con una tercera, plasmada en las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional, que pueden permitir la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Se calcula que el número de personas que podrían verse afectadas por la medida ronda los once millones, la mitad de ellas originarias de México.
Si cerrar las fronteras es prueba inequívoca de un afán excluyente, expulsar a los que ya viven en el país, en ocasiones desde hace años, y a menudo tras establecer lazos laborales y familiares, lo es con mayor motivo. La voluntad de Trump en esta materia supone un giro respecto a la de su antecesor, Barack Obama. Si durante el doble mandato de George W. Bush las deportaciones de inmigrantes experimentaron un alza sostenida, año tras año, bajo los dos términos presidenciales de Obama la curva tendió a estabilizarse. Eso no quiere decir que Obama evitara las deportaciones –en sus días se contabilizaron 2,8 millones– o que no incrementara su ritmo anual en el 2012 y el 2013. Pero en la etapa final de su estancia en la Casa Blanca la tendencia fue claramente a la baja. Ahora, esta tendencia podría invertirse y volver a repuntar. El potencial, en este sentido, es enorme dado el contingente de ilegales en EE.UU. Y, sobre todo, dada la libertad de movimientos que concede al Gobierno la nueva ley, gracias, por una parte, al refuerzo del cuerpo de agentes de inmigración o de fronteras, y gracias, por otra parte, a la posibilidad de interpretar la normativa a discreción.
Operaciones como la ahora planteada por la Administración Trump presentan un enorme riesgo de disgregación para la sociedad estadounidense. No discutimos aquí la pertinencia de echar del país a quienes delinquen u observan conductas lesivas para el conjunto de los ciudadanos. Pero el redactado de dichas leyes permitirá a las autoridades actuar, si así lo desean, con mucha holgura. Y los componentes aislacionistas, supremacistas o xenófobos que, en distinta medida, asoman ya en el ideario de la nueva Administración hacen temer que se cometan abusos.
No abundan en la historia las deportaciones masivas que, pasados los años, quepa recordar con alguna satisfacción. Están en la memoria de todos las tristes experiencias impulsadas por algunos de los peores regímenes del siglo XX. No vamos a compararlas con lo que ahora se anuncia y aún no se ha concretado. Es imposible hacerlo. Pero no por ello dejaremos de lamentar que un país como Estados Unidos, que creció con la emigración, vaya a incurrir ahora en semejante práctica. Es preciso recordar que EE.UU. se ha ufanado siempre de ser una tierra de oportunidades, de ser un país en el que cualquiera, por lejanos o humildes que fueran sus orígenes, podía abrirse camino y revalidar en persona el sueño americano. Ese país es el mismo que ahora se dispone a perseguir a su colectivo más débil, tras culparle de las desgracias de una clase media empobrecida por factores de muy diverso orden.