Arrecian las acusaciones de partidismo a la Fiscalía del Estado
La oposición y la izquierda judicial ven en los relevos una maniobra de control político
Los nombramientos en diversos puestos clave de la Fiscalía han provocado tensiones en la carrera y van a traer mucha cola. La oposición y la izquierda judicial los consideran una operación política de gran calado, cuyo propósito sería facilitar al Gobierno algo más que una comunicación fluida con la cúpula fiscal. Desde el Ejecutivo, en cambio, se reivindica la autoridad del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para proveer las plazas vacantes –hasta 35– de la forma que crea más conveniente, en especial ahora que inicia su mandato y puede formar un equipo coherente.
En todo caso, Maza va a tener que explicar sus decisiones en el Congreso. El fiscal general ya había sido convocado para tratar específicamente la situación de la Fiscalía en la comunidad de Murcia, donde ahora ha sido relevado el jefe de este órgano, Manuel López Bernal. La descripción que este fiscal hizo ayer de los problemas que ha tenido por investigar a cargos públicos –López Bernal impulsó diligencias contra el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez (PP)– han contribuido a incrementar sustancialmente el tono de la polémica.
Pero la oposición quiere ir más allá del caso concreto y pedir explicaciones sobre los objetivos de algunos relevos especialmente sonados, como el de Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Tanto Zaragoza –que es el número siete en el escalafón de la carrera– como López Bernal pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que Juan Calparsoro, que ha sido sustituido como fiscal jefe en el País Vasco. En muchos casos la beneficiaria de los cambios es la conservadora Asociación de Fiscales (AF).
De ahí, en parte, que la UPF haya reaccionado a los nombramientos con un duro comunicado en el que manifiesta que los cambios introducidos en numerosas jefaturas de la Fiscalía obedecen a “motivos ideológicos”. El malestar de esta asociación ya se puso de relieve en la reunión del Consejo Fiscal que el pasado miércoles debatió los relevos. La UPF cuenta con 3 de los 12 miembros de dicho Consejo y ya le advirtió a Maza a lo largo del debate sobre los nombramientos que los candidatos que iba a nombrar darían pie a muchas críticas, en especial en el caso de la comunidad de Murcia, por las especiales circunstancias de esta Fiscalía después de que desde allí se pretendiera imputar al presidente de la comunidad y la Fiscalía General del Estado lo impidiera, la semana pasada.
En todos los ámbitos de la carrera se comparte la idea de que los relevos estaban pensados desde hace tiempo. El Gobierno quería una importante renovación en la cúpula de la Fiscalía, en la creencia de que los mandatos prolongados restan operatividad. Estos planes explican en gran medida la decisión del Ejecutivo de no dejar en el cargo a la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien llegó a este puesto de forma un tanto accidental, a raíz de la marcha de su antecesor, Eduardo Torres-Dulce. Madrigal fue una solución de emergencia, tras el enfrentamiento del Gobierno con Torres-Dulce por la no presentación inicial de la querella por la consulta del 9-N. Pero el Ejecutivo le permitió a la fiscal general crearse la expectativa de que si volvía a ganar las elecciones y estaba en situación de gobernar, repetiría en el cargo. La sorpresa relativa llegó cuando Mariano Rajoy pudo formar Gobierno y este decidió nombrar como fiscal general a un magistrado del Tribunal Supremo (TS), José Manuel Maza.
El criterio generalizado en la carrera es que Madrigal no siguió en el cargo porque no dio suficientes garantías de sintonía con el Gobierno en materia de renovación de las principales Fiscalías del país. No obstante, también tenía previsto sustituir al fiscal jefe de Murcia.
En cambio, Madrigal contaba como principal candidato para ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción a Alejandro Luzón, un fiscal de larga trayectoria en esta rama especializada de investigaciones económicas y fiscales y que ahora se ha encargado con éxito del proceso sobre las tarjetas black, en el que ayer se dictó la sentencia, con 65 condenas, todas las pedidas. El elegido, en cambio, ha sido el ex fiscal jefe de Madrid Manuel Moix (AF), ahora en el Supremo y cuya competencia profesional nadie discute, pero que no proviene de Anticorrupción. Moix fue apoyado en el
LOS MOTIVOS DE FONDO Consuelo Madrigal no siguió como fiscal general por discrepar de los nombramientos LA OFENSIVA POLÍTICA La oposición pide explicaciones a Rajoy y a los ministros de Justicia e Interior
Consejo Fiscal –que tiene funciones consultivas, no vinculantes– por la Asociación de Fiscales. En cambio, los miembros institucionales del Consejo –el teniente fiscal del Supremo y el jefe de la inspección fiscal– votaron a Luzón. Y había aún otra candidata de esta Fiscalía especializada, Belén Suárez, teniente fiscal de Anticorrupción.
Anticorrupción es la pieza más delicada de la Fiscalía, por las repercusiones políticas de casi todo lo que investiga. Ha pasado en relevancia por delante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Allí se siguen los procesos económicos, pero los fiscales los pone Anticorrupción. Los que dependen del jefe de la Audiencia llevan los asuntos de terrorismo, tanto en relación con lo que queda de ETA como con el yihadismo, o sumarios que afecten a un parte importante del territorio, en más de una comunidad. Pero hay más implicaciones de poder en Anticorrupción. En manos de esta Fiscalía hay ahora asuntos tan diversos como Gürtel, Púnica, el caso Pujol, Bankia o la caja B del PP. La evolución de cualquiera de ellos puede encerrar cargas políticamente explosivas.
A la vista de todo ello, el PSOE anunció ayer que pediría la comparecencia urgente de los ministros Catalá (Justicia) y Zoido (Interior), en especial por el caso de Murcia, por las denuncias “escalofriantes” de su relevado fiscal jefe. Catalá, en cambio, dijo que si este tuvo presiones, debió denunciarlas. Y el interesado afirmó que las hizo y no obtuvo respuesta. Maza, a su vez, guardó silencio, quizá hasta que vaya al Congreso. Antonio Hernando (PSOE) dijo al respecto que pedirá la dimisión del fiscal general si no da explicaciones claras de “la purga masiva” en la Fiscalía. Podemos y Compromís apoyaron la petición de comparecencia. El presidente Rajoy consideró a su vez desmedida la polémica. Dijo que el fiscal general está ejerciendo sus funciones al proponer nombramientos, que será el Gobierno quien decida las designaciones oportunas y que “en este país o se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema”.