Un sistema para delinquir

A finales del verano del 2003, Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía, llamó enfadado al que en aquellos días era gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, para pedirle explicaciones por un informe de cuatro economistas de la entidad que ponía de manifiesto que los precios de la vivienda se desmadraban y estaban sobrevalorados. Eran días de precampaña electoral y aquello no le gustó nada al ministro. “No creo que estemos ante una situación de burbuja”, concluyó con ánimo de cerrar la polémica. Pero no lo consiguió.

En su nuevo puesto como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la derrota electoral del PP en marzo del 2004, tuvo que volver a escuchar dictámenes similares, en este caso del propio organismo que dirigía en Washington. Fue justo en el 2005, cuando Rato acababa de llegar y era evidente que era él el responsable de la política económica que había permitido o alimentado la carrera hacia la burbuja.

Finalmente, de vuelta a España, Rato se trabajó a su antiguo rival en la carrera para suceder a José María Aznar al frente del PP, Mariano Rajoy, para que le colocase al frente de Caja Madrid. Desatendió algunos análisis, como el de quien fue su exsecretario de Estado y estaba entonces al frente de Lehman Brothers y ahora ocupa su puesto en el Ministerio de Economía, Luis de Guindos, que ya dictaminaba en el 2008 que los de Caja Madrid iba a acabar mal. Pero en aquella época ambos ya no se frecuentaban.

Era el año 2010. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad fundadora de la caja de ahorros de la capital, tanteaba dar el salto para sustituir a Rajoy y pensó que necesitaba el control de la entidad para financiar su campaña de promoción. Liberalismo con cimientos de peculiar keynesianismo autonómico. Estaba en campaña contra el entonces presidente de la caja, Miguel Blesa, y contaba con su vicepresidente en el gobierno autonómico, Ignacio González, para sustituirle. Rajoy encontró en Rato el personaje imbatible para cerrar el paso a la lideresa.

Y allí, una vez más, Rodrigo Rato topó con la burbuja inmobiliaria, mejor dicho, con las consecuencias de su estallido, algo bastante más grave. El estallido había dejado un panorama financiero y social desolador. Y eso fue fatal para el exvicepresidente, exministro y exdirector general del FMI.

Tal vez sin esa crisis buena parte de sus dudosas prácticas en los negocios podría haber quedado oculta. Por ejemplo, las tarjetas black que ayer le propinaron su primera condena. Un caso como pocos de la peor praxis de gestión irregular. Un sistema creado para delinquir, ocultar ingresos que además no estaban permitidos por la ley, que beneficiaba a sus creadores. Miguel Blesa fue el pionero, y que se complementaba con la compra de la voluntad, el soborno, de la totalidad de los encargados de supervisar y controlar que la gestión era la adecuada, el conjunto del consejo de administración y al comisión de control de Caja Madrid-Bankia. Los dos presidentes los tenían a todos comprados, de todos los colores políticos, patronales o sindicales.

Sin crisis inmobiliaria tal vez no habría habido nacionalización de Bankia, aunque a la vista de las malas prácticas no habría que descartar que hubiese llegado más tarde por otra vía también escandalosa, y nadie habría husmeado en las tripas de su contabilidad.

Ayer, la juez Teresa Palacios, ponente de la sentencia e instructora en el pasado de numerosas casos económicos como juez de la Audiencia (entre ellos el polémico primer escándalo de cargos nombrados por Rato en el caso Gescartera), le condenó a cuatro años y seis meses de prisión. Es el principio de un largo calvario judicial para un expolítico que se creyó blindado para hacer cualquier cosa.

La burbuja del ladrillo que persiguió a Rato a lo largo de su carrera, al estallar, hizo aflorar sus malas prácticas

Las tarjetas ‘black’ eran también un sistema para sobornar a los encargados de controlar a los gestores