Mas atribuye el 3% a un complot para “destruir” su partido

oeUn empresario, testigo protegido, asegura que trató de donaciones con el expresident y el exconseller Gordó oeEl líder del PDECat sostiene que la investigación es parte de una operación contra el independentismo

Los investigadores dicen que el partido y las fundaciones forman una caja única La Guardia Civil pide indagar la venta de la sede de CDC por si fue para ocultar bienes

Dos empresarios se presentaron a declarar voluntariamente en el juzgado de El Vendrell sobre la petición de una comisión del 3% a cambio de la concesión de obra pública, y uno de ellos implicó a Artur Mas en las negociaciones, según confirmaron a La Vanguardia fuentes de las investigaciones. Los dos empresarios han recibido la condición de testigos protegidos por el juez, para así preservar su identidad y seguridad. En sus testimonios, ambos aportaron nuevos datos sobre la trama del 3%, de los que se van a derivar nuevas citaciones a otros empresarios para que ratifiquen lo dicho por los que comparecieron, y también si a ellos les ocurrió y si hicieron donaciones.

En su declaración, avanzada ayer por El Mundo, el contratista que implicó a Artur Mas señala que se reunió con él en la sede de la antigua Convergència cuando este aún no era presidente de la Generalitat, y que trataron de donaciones a cambio de obra pública. En la reunión también estaba presente Germà Gordó y el contratista añadió que Mas le dijo “tienes que hacer lo que este te diga”. Transcurrido un tiempo, volvió a coincidir con Gordó en un acto público en Tarragona, cuando CDC ya estaba al frente del Govern, y que este le espetó “tú no me estás obedeciendo”, en relación a que hacía tiempo que no efectuaba pagos, por lo que se sintió chantajeado.

En cuanto al otro testigo, no se refirió a Mas, pero si a Gordó como el interlocutor con los empresarios para las donaciones. Además, agregó que se reunió con un diputado de CDC en el Parlament, próximo al que fuera conseller de Justícia, quien le indicó la pertinencia de hacer donativos al partido en relación a un contrato público en Lleida.

Mas y Gordó negaron ayer estas circunstancias. Las dos declaraciones permanecen bajo secreto sumarial y son un punto de apoyo para proseguir las pesquisas sobre la trama del 3%.

De todas formas, el viernes se levantó una parte del secreto de sumario, referida a las investigaciones hasta octubre del 2015 y en la que se hace especial referencia a la entrada y registro en la sede de CDC el 28 de agosto de ese año. En los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción se sitúa al extesorero del partido y exadministrador de las fundaciones afines, Andreu Viloca, como el presunto mediador entre los empresarios y el partido para el pago del 3% a cambio de contratos, tal como publicó ayer La Vanguardia. Para llevar a cabo esta estrategia, Viloca habría contado con la colaboración del exdirector general de Infraestructures, la empresa que gestiona la obra pública en Catalunya, Josep Antoni Rosell. En los análisis se describe un mecanismo similar en siete contratas: anuncio de la licitación, reunión de Viloca con el empresario interesado, trámites administrativos, concesión e ingresos a una de las fundaciones.

En uno de estos informes de la Guardia Civil se analiza las relaciones entre el partido, CDC, y las fundaciones CatDem, Fòrum y Nous Catalans, y los agentes concluyen que “toda la estructura financiera de CDC constituye una sola caja común administrada a capricho”, habiendo también una “gestión única de caja de las cuentas estudiadas a nombre de las distintas fundaciones”. Así, existen operaciones financieras entre las diferentes cuentas corrientes de las fundaciones y del partido que, para la Guardia Civil, no tienen justificación aparente, pero “todo ello de acuerdo para la administración de todos los recursos financieros contenidos en los movimientos de las cuentas”.

Las fundaciones, según la línea argumental de los investigadores, servían para pagar las comisiones a cambio de contratos públicos, y así describen como empresas como Teyco, Grupo Soler o Copisa hicieron ingresos a CatDem, Nous Catalans o Fòrum. Abonos de una cifra que, en cada caso, “es sumamente aproximada al 3%”. En este flujo financiero, añaden, “se encuentran movimientos bajo el concepto Convergència Democràtica de Catalunya o similar”.

La posible comisión vuelve a aparecer en documentación incautada a Viloca: en el desarrollo de un polígono en Viladecans se explicita que una firma deberá “cubrir todos los gastos necesario, con un importe de 3% más un bonus a determinar para los trabajos expuestos”. En el ordenador del extesorero también apareció un listado de 31 empresas que efectuaban donaciones sistemáticas a las fundaciones, entre las que figuran las beneficiarias de las contratas bajo sospecha.

En las cuentas de las fundaciones no sólo aparece el antiguo administrador, sino también su anperativa tecesor Daniel Osàcar, de quien la Guardia Civil asegura que hizo una inversión financiera en Luxemburgo por medio del Deutsche Banck, finalmente ingresada en la Caixa de Estalvis del Penedés. Los fondos declarados ascienden a 522.776 euros.

Y, además, la Guardia Civil también hace una referencia al caso del Palau de la Música, al describir la venta de la sede de CDC en la calle Còrsega a un grupo de Hong Kong , “una jurisdicción no coo- en materia fiscal”, por 13 millones de euros. El inmueble era parte de la fianza del partido por el asunto del Palau y fue sustituida como aval por otras quince sedes. Los agentes piden llevar a cabo más averiguaciones y señalan que la venta puede tener que ver con el otro sumario, y no descartan que sea “una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas”.