Frankfurt y París pugnan por atraer las finanzas de la City
Las dos urbes trabajan para captar la fuga de bonos y activos post-Brexit Los ciudadanos desplazados, primer punto de la negociación entre Londres y la UE
París y Frankfurt activan su campaña para captar la fuga de bancos y activos de la City londinense tras el Brexit. Paralelamente, la UE y Londres empiezan la negociación del divorcio con el dossier del estatus de los ciudadanos desplazados.
En Nueva Zelanda andan preocupados con el Brexit. Más de la mitad de sus exportaciones de carne de cordero a la UE van al Reino Unido. ¿Qué ocurrirá cuando los británicos se vayan? ¿Quién se va a comer tanta carne, podría pensar Europa? El Gobierno neozelandés teme que, tras el Brexit, la Unión quiera reducir la cuota de 228.000 toneladas de carne que cada año vende libre de aranceles al mercado comunitario y ha llamado a sus puertas para hacer valer sus intereses. La anécdota ilustra las múltiples implicaciones de la ruptura del club y la ansiedad que provoca (en el Reino Unido, son los granjeros galeses los que temen verse inundados por cordero barato de Nueva Zelanda cuando Londres firme un acuerdo comercial con su excolonia). En Bruselas, están a otras cosas. Antes que de ovejas, quieren hablar de personas.
El futuro estatus de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en el resto de la UE es uno de los primeros asuntos que se quiere aclarar cuando comiencen las negociaciones de divorcio. El Gobierno de Theresa May notificará “a finales de marzo” su intención de abandonar la UE mediante la activación del artículo 50 del tratado, que prevé dos años para cerrar las negociaciones de salida. En ese momento, el reloj comenzará a correr. También May ha dicho que tiene interés en llegar a un acuerdo rápido sobre los derechos de los ciudadanos desplazados. Pero, ahora mismo, hay más preguntas que respuestas sobre las implicaciones del Brexit para los más de cuatro millones de personas afectadas, alrededor de 1,2 millones de británicos y unos tres millones de ciudadanos del resto de la UE.
Uno de las puntos que deberá aclararse rápidamente es hasta qué fecha se reconocerán derechos adquiridos. La UE cree que debería ser hasta el día en que el Reino Unido abandone el club, en la primavera del 2019. Londres podría decir que la fecha de corte es el 23 de junio del 2016, cuando el pueblo británico decidió en referéndum abandonar la Unión. “Una solución de compromiso podría ser la fecha de notificación del Brexit”, afirman fuentes diplomáticas europeas.
El objetivo de la UE es la reciprocidad: lo que el Reino Unido reconozca a los desplazados intracomunitarios (cierta prensa británica los llama ya directamente emigrantes), reconocerán los demás países a los británicos en su territorio. Los gastos por cobertura sanitaria se arreglan directamente entre gobiernos. Más complicada será la negociación sobre el futuro de los derechos actualmente reconocidos (a estudiar, buscar empleo, trabajar y residir). La intención de la UE es que se reconozca la situación individual y los derechos adquiridos hasta la fecha de corte, congelándolos según las diferentes categorías en vigor. Es decir, reconocer el derecho a pedir un permiso de residencia permanente tras tres meses si se está trabajando, un derecho que es automático si se lleva cinco años en el país. “Pero sabemos que esto puede ser políticamente muy complicado para el Reino Unido”, admiten las citadas fuentes. Alrededor de la mitad de los europeos que actualmente viven en el Reino Unido podrían pedir la residencia. Y el Gobierno debería reconocerles y aplicarles sus derechos europeos de por vida.
Otro punto de fricción puede ser la protección legal de esos derechos. ¿Aceptará Londres que sea el Tribunal de Justicia de la UE, que tanto detesta, quien resuelva posibles conflictos? “Debemos tener garantías” de que los acuerdos alcanzados sobre derechos de las personas no serán violados por la legislación británica “en cuanto salgan de la UE”, apuntan fuentes diplomáticas nacionales. Una solución que se baraja en Bruselas es que los jueces británicos consulten a los europeos en caso de litigios.
La actitud de Londres, que algunas fuentes califican de “arrogante”, y el potencial venenoso de todos los temas dentro del debate político y mediático británico hace temer en Bruselas una negociación a cara de perro con Londres. “El mayor riesgo de la negociación es que el Reino Unido tome como rehenes a los ciudadanos europeos en
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Una de las primeras decisiones será hasta qué fecha se reconocen los derechos adquiridos EL PLAN NEGOCIADOR Barnier propone hablar primero de atributos ciudadanos y de la factura de la salida
la isla y continúe amenazando con transformarse en un paraíso fiscal”, advierte el eurodiputado Javi López (PSC), miembro de la comisión de Empleo de la Eurocámara.
El plan que Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, ha propuesto a los gobiernos consiste en resolver en una primera fase, hasta diciembre, los asuntos relacionados con las personas y la factura del Brexit y sólo después sentarse a hablar de la futura relación bilateral. La Comisión Europea calcula que Londres debería pagar unos 60.000 millones de euros por abandonar la UE. La cifra, mucho más elevada que las que maneja el Gobierno británico (oficialmente, ninguna), resulta de la metodología de cálculo que ha establecido y presentado a los gobiernos europeos. Aunque el resultado sea el mismo, con Londres no se hablará de cifras sino de métodos de cálculo. El enfoque de la UE chirría a algunos observadores. “No empiecen la negociación con un choque por el dinero”, avisa Giles Merritt, del centro de análisis Friends of Europe.
Los 60.000 millones salen de las contribuciones que Londres debe al presupuesto comunitario hasta
¿QUIÉN PAGA LAS PENSIONES? Todos los funcionarios, no sólo los británicos, han trabajado para Londres, dice la Unión POSIBLES DESCUENTOS Londres puede rebajar la factura descontando los activos que deja a la UE: sedes, arte...
el 2020 y los pagos comprometidos hasta el 2023, la parte potencialmente más polémica. La factura del Brexit “es un tema que une a todos los países, a los que son beneficiarios de fondos europeos y a los que son contribuyentes netos”, explican fuentes diplomáticas europeas. Sin un buen acuerdo económico con Londres, o bien unos recibirán menos dinero en el futuro (entre ellos, España, segundo mayor beneficiario de fondos estructurales) o bien otros tendrán que poner más (nada más lejos de los planes de Alemania u Holanda).
El cálculo de Bruselas incluye también futuros pagos por las pen- siones de los funcionarios europeos. No sólo de aquellos con pasaporte británico, como puede pensar Londres, sino de todas las nacionalidades. El razonamiento es sencillo: todos han trabajado para el Reino Unido durante los más de 40 años que lleva en el club y debería pagar su parte correspondiente. Londres podrá rebajar la factura por ejemplo descontando su parte de los activos de la UE: propiedades inmobiliarias, colecciones de arte o la red de satélites Galileo.
Unas semanas después de que May active el artículo 50, los Veintisiete celebrarán una cumbre extraordinaria de la que saldrá el mandato negociador del Brexit, es decir, la secuencia de las conversaciones y el contenido. Alemania, Francia e Italia apoyan el planteamiento de . España no comparte el “ánimo ejemplarizante” de algunos pero acepta el enfoque. No se trata de “hacer daño” pero, si no se llega a un acuerdo político sobre esto al principio, “nadie estará con ánimo de hacer concesiones en nada”, afirman fuentes diplomáticas.
La pelea de esa cumbre “estará en hasta qué punto se autorizan conversaciones preparatorias sobre el resto de temas”, avanza un alta fuente europea. Más allá de reafirmar los principios y los dos temas prioritarios que resolver, algunos países pueden querer abrir la puerta a mantener contactos sobre otros asuntos. “Empezar a negociar ya el futuro tratado de libre comercio no es un interés peculiar de España sino de todos, incluida Alemania”, afirman fuentes cercanas al Gobierno español. El Reino Unido es el país con el que España “tiene una relación económica más intensa”, suele recordar el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Londres preferiría no perder tiempo y hablar ya también del acuerdo de libre comercio, con sus convenientes periodos transitorios, que regirá sus relaciones con la UE a partir del 2019. Para facilitar la transición, May quiere en un primer momento replicar los aranceles que la UE tiene con el resto del mundo y notificarlos a la Organización Mundial de Comercio para, luego, firmar sus propios acuerdos.
Cuando la UE notifique a sus socios comerciales mundiales la salida del Reino Unido y revise cómo quedan los pactos actuales, será el momento en que en Bruselas empezarán a preocuparse por las cuotas de carne de cordero, azúcar o plátanos y otros efectos inesperados del Brexit. “What a mess”, comenta un diplomático europeo tras repasar el “tremendo lío” que se avecina.