Fiscales, justicia y transparencia
En las últimas semanas se ha hablado mucho, demasiado, de los fiscales.
Los nombramientos para diversos cargos relevantes en la estructura de la Fiscalía han provocado un duro comunicado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), denunciando que la pertenencia a la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) ha primado más que los principios de mérito y capacidad. Los relevos han afectado a cargos especialmente sensibles como la Fiscalía Anticorrupción o las de la Audiencia Nacional y el País Vasco, de las que Javier Zaragoza y Juan Calpasoro han sido cesados pese a una inmaculada hoja de servicios. Más llamativo ha sido aún el relevo/cese del Fiscal Jefe de Murcia, Manuel López Bernal, impulsor de la causa Auditorio contra el presidente de la comunidad autónoma; cese acompañado de grave denuncia de presiones y que se produce después de que el Fiscal General del Estado hubiera desautorizado a las fiscales anticorrupción que pretendían la imputación del presidente murciano en la trama Púnica. Ley (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) en mano, los nombramientos son ajustados a la legalidad, pero la sospecha de partidismo es demasiado notoria.
Otros episodios mediáticos con protagonismo de la Fiscalía han sido los cambios de criterio del fiscal del caso Nóos, que el viernes anunciaba peticiones de prisión para acabar luego pidiendo sólo fianzas. Ley (de Enjuiciamiento Criminal) en mano, la decisión es justificable, pero decir Diego después de Digo no refuerza la credibilidad.
Por no hablar de la total falta de coherencia en el tema de las desobediencias, que primero en Catalunya no parecen serlo, pero luego sí lo son –y contundentemente– por orden de la Fiscalía General, y alcanzan también al debate parlamentario (!), aunque son o dejan de serlo, en función de que quien presuntamente incumpla las resoluciones del Constitucional sea un diputado independentista, uno que no lo es pero que vota igual según se dice porque –pobrecito– padeció un manifiesto error, o el presidente del Gobierno de España. Si la desobediencia protege el llamado principio de autoridad, no importa sobre qué verse la orden (configuración territorial del Estado o reparto de los fondos del 0,7), ni, por descontado, de qué color sea el desobediente. Personalmente, creo que no hay desobediencia punible en ninguno de los casos, pero resulta más que paradójico el selectivo criterio de la Fiscalía.
El papel lo soporta todo. Y todas (o casi todas) las interpretaciones jurídicas pueden ser defendidas. Pero un órgano de tanta relevancia en nuestro sistema como es la Fiscalía no sólo debe ser impecable en su actuación sino también parecerlo. Máxime cuando es el Gobierno el que nombra al Fiscal General, y éste puede dar instrucciones particulares a sus subordinados en cualquier asunto concreto.
Y es una lástima porque en España hay cerca de 3.500 fiscales y puedo dar fe de que en su inmensa mayoría son profesionales vocacionales, técnicamente rigurosos e imparciales en la aplicación de la ley en la multitud de asuntos en que intervienen con una notoria insuficiencia de plantilla.
En el último Eurobarómetro de la justicia realizado por la Comisión Europea en el 2013, España ocupó un bochornoso último lugar entre los veintiocho en cuanto a percepción ciudadana en aplicación igualitaria y no discriminatoria de la ley. Los asuntos en los que parece perderse la objetividad y el rigor técnico son cuantitativamente escasos, pero el daño reputacional para la necesaria confianza ciudadana en la justicia es terrible.
Ley en mano, los nombramientos son ajustados a la legalidad, pero la sospecha de partidismo es notoria Las desobediencias son o dejan de serlo según quien presuntamente incumpla resoluciones del Constitucional