Las tres operaciones Catalunya
El independentismo maneja con descaro la ley del embudo. Se permite todo tipo de desafíos al Estado con la pretensión de destruirlo y cuando los mecanismos de su defensa se activan habla de “GAL sin violencia” y motejan a Mariano Rajoy de “señor X” como hizo con una frivolidad fuera de lo común la senadora republicana Mireia Cortès Gès el pasado martes. La denominada operación Catalunya que el Congreso ha resuelto investigar no tiene que ver con el derecho del Estado a emplear los procedimientos legales –aunque no sean visibles– para mantener su integridad frente los que atentan contra ella. El secesionismo debería dar por descontado que el Gobierno ha instruido a los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad y al CNI para que reporten sobre cualquier circunstancia que pueda debilitar la posición del Estado. La operación Catalunya no cuestiona, por lo tanto, el legítimo derecho del Gobierno a disponer de información sobre lo que trama el independentismo.
La frontera entre la acción investigadora del Estado –que se somete a controles judiciales, algunos tan específicos como la intervención fiscalizadora en el CNI a través de un magistrado del Supremo– y el esparcimiento de insidias, mentiras y calumnias por las denominadas cloacas estatales, es muy nítida y se remite a la legalidad. La defensa del Estado no autoriza a infringir la ley ni a urdir creatividades maliciosas para destruir famas y haciendas. Es obvio que durante la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, determinados grupos policiales (policía patriótica) han campado por sus respetos. Su sucesor, Juan Ignacio Zoido, un político serio con sólida formación jurídica y dotes de mando acreditadas, ha apartado a la anterior cúpula policial y está decidido a que estas prácticas cesen por completo. La operación Catalunya investigará parlamentariamente si hubo excesos y conspiraciones, una suerte de guerra sucia de aparatos del Estado que, en vez de defender sus intereses, incurrieron en la prepotencia del mal uso de sus facultades en un claro supuesto de desviación de poder.
Pero no hay sólo una operación Catalunya –o sea, la investigación del Congreso sobre la acción de las cloacas estatales– sino dos más: una política y otra coercitiva. Ambas merecen alguna reflexión. La operación política es previa a la coercitiva. El Gobierno está tratando de persuadir a la opinión pública de que ha superado la fase de inmovilidad y ha pasado a otra proactiva ante el proceso soberanista. La entrevista –impresentablemente ocultada– de Rajoy y Puigdemont el pasado 11 de enero en la Moncloa desvelada ahora, las idas y venidas de la vicepresidenta del Gobierno a Barcelona, sus interlocuciones con Oriol Junqueras y las sucesivas portadas del diario El País –hoy por hoy el más gubernamental de los periódicos de Madrid, aunque se mantenga crítico y alejado del PP– tratan de trasladar a la ciudadanía la convicción de que el Ejecutivo central está por la labor de una negociación razonable con la Generalitat que abarque aspectos financieros y competenciales y aborde también las necesidades catalanas –y del arco mediterráneo– de infraestructuras que dinamicen su economía y corrijan la España radial.
Es posible que el Gobierno consiga que esa percepción termine por instalarse, aunque esa no sea la única intención de esta operación política. El propósito secundario consiste en introducir tantas cuantas contradicciones sean posibles entre los distintos líderes del secesionismo catalán. Una de las grandes debilidades del soberanismo consiste en que se conduce con muy distintas referencias de liderazgo. Puigdemont, Junqueras, Mas. Y el Gobierno –en particular con los dos primeros– juega a incrementar el desconcierto aunque se percibe una apuesta implícita por la amortización del actual president –en tanto en cuanto representa a una fuerza política en irreversible recesión– y por la revalorización de Oriol Junqueras porque se calcula que será él el próximo inquilino de la plaza Sant Jaume. La segunda operación Catalunya es, pues, política, que alberga dos aspiraciones: presentar activo a un Gobierno que no lo ha sido en la cuestión catalana y establecer líneas de interlocución a varias bandas para incrementar la confusión en el mundo del independentismo.
Si todo fallase, si el acuerdo, por mínimo que fuera, no resultase posible y se convocase un referéndum unilateral –en una versión diferente a la del 9-N del 2014 que pocos imaginan cómo podría ser– ya se está preparando la tercera y subsidiaria operación Catalunya: presentar como inevitable una aplicación limitada del artículo 155 de la Constitución con arreglo a las pautas procedimentales que establece el artículo 289 del reglamento del Senado. En otras palabras, se trataría de hacer digerible la coerción constitucional si el Govern de Puigdemont se lanza al precipicio con la convocatoria de una nueva consulta. A este efecto –regresamos a la afirmación de que el diario El País es el verdadero periódico gubernamental, aunque también lo sea del sector más veterano del PSOE– habría que leer con cierta atención las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, al diario El Mundo el pasado lunes. Pudo decirlo más alto, pero no más claro. Ante la eventualidad de la convocatoria de una consulta ilegal su respuesta fue: “Si ignoran la prohibición del referéndum: el 155. Suspendes el Gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A uno, dos, tres cargos públicos. A los que hayan convocado el referéndum. Ocupas tú el poder”. Y Cebrián va a más: “Entonces el debate no sería cuándo van a lograr la independencia sino cuándo van a recuperar la autonomía”.
Cualquier glosa de estas palabras y de la significación de quien las dice y de cuando las pronuncia estropearía su literalidad apabullante. Es la formulación de la tercera operación Catalunya.
No hay solamente una
operación Catalunya, hay tres: la conspirativa,
la política y la coercitiva; simultáneas y en marcha