Cuestiones capitales

La reivindicación de la bicapitalidad española Madrid-Barcelona ha sido santo y seña del socialismo catalán en los últimos 25 años. Sin embargo, más allá de la fugaz y desafortunada mudanza de la sede Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los tímidos intentos para equilibrar mínimamente el poder político-económico entre las dos grandes ciudades han tenido un éxito tan descriptible como el entusiasmo que provocan en Barcelona las guadianescas propuestas de traslado del Senado (o de su cadáver) a la capital catalana. Ahora es de nuevo el Ayuntamiento, por mediación del segundo teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, el que está haciendo gestiones ante la Administración del Estado para que acepte un cierto reconocimiento de la cocapitalidad de Barcelona en el ámbito cultural, para que recupere unos acuerdos suscritos en los años 2007 y 2011 sobre la cofinanciación de proyectos de carácter supramunicipal y para que, en definitiva, aporte más dinero a instituciones tan necesitadas de una inyección económica como el Liceu, el MNAC o el Macba.

Quizás las actuales circunstancias políticas, con un bloqueo casi absoluto de las relaciones entre los gobiernos español y catalán, acaben favoreciendo de rebote los intereses del Ayuntamiento de Barcelona. Al Ejecutivo de Mariano Rajoy le podría convenir abrir una vía alternativa de penetración de esa supuesta operación diálogo que, hasta el momento, no ha ido más allá de algunas buenas palabras. En este sentido, el Consistorio barcelonés podría ser un interlocutor nada despreciable. Claro que eso sólo sería posible si el Gobierno actuara con una amplitud de miras y una inteligencia que ni este ni los anteriores poderes centrales y centralistas han demostrado jamás a la hora de relacionarse con Catalunya y, en especial, con una de las ciudades con mayor potencial económico de Europa. Es un misterio indescifrable, que sólo se explica por una testarudez mesetaria combinada con una animadversión atávica hacia lo diferente. Resulta incomprensible que, todavía hoy, Barcelona y su área metropolitana sean vistas desde Madrid más como una amenaza que como una riqueza. Si el Gobierno quiere probar con hechos que está por la labor de rehacer puentes, que aspira a evitar la definitiva desafección catalana, tiene donde elegir. El reconocimiento real –con dinero constante y sonante– de la bicapitalidad cultural es una opción necesaria, pero en absoluto suficiente. Sobre todo hay que actuar de manera urgente en el ámbito de las grandes infraestructuras de transporte, un motor imprescindible para la buena marcha de cualquier economía y, en este caso, de la catalana en particular y de la española en su conjunto. No puede ser que el 2017 haya arrancado sin un compromiso firme sobre la maldita estación intermodal de la Sagrera y sin esperanzas a corto plazo de las inversiones necesarias para hacer de Rodalies un servicio más competitivo.

Al Gobierno central podría interesarle abrir una vía de interlocución catalana a través del Ayuntamiento barcelonés