PP y PSOE impulsan a González Rivas y Encarna Roca al frente del TC
La candidatura del exdiputado del PP Ollero para presidir el tribunal queda relegada
El Constitucional ha reabierto el debate sobre su presidencia, alentado desde fuera por las negociaciones entre PP y PSOE. Las preferencias de ambos partidos son que Juan José González Rivas sea el presidente y la catalana Encarna Roca, vicepresidenta.
En el Tribunal Constitucional (TC) se ha reabierto el debate interno sobre la presidencia de la institución, alentado además desde fuera por PP y PSOE. Socialistas y populares han pactado los nombres de los nuevos magistrados y no quieren ser ajenos a la elección de quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia.
Ese juego de influencias ha actuado en perjuicio de la candidatura de Andrés Ollero, que fue portavoz de justicia del PP durante 17 años. El PSOE no le considera idóneo para dirigir el TC y el PP ha acabado por asumir que su designación como presidente puede crearle graves dificultades de relación con los socialistas en diversos ámbitos y materias. De modo que ha empezado a promover la candidatura del magistrado Juan José González Rivas, igualmente de la mayoría conservadora pero con un perfil más asumible para el PSOE y para la minoría progresista del propio Constitucional.
El Gobierno ha contactado con los magistrados de dicha mayoría conservadora y les ha puesto al corriente de sus preferencias y de sus tratos con el PSOE. En principio, la respuesta que ha encontrado el Ejecutivo es positiva para sus intereses. Por tanto, la candidatura de González Rivas ha ganado enteros en los últimos días. Ollero, a su vez, en modo alguno se ha retirado de la carrera por la presidencia del Constitucional, aunque fuentes de la propia institución afirman que ha encajado con sorpresa y desagrado que el PP y sus compañeros de la mayoría conservadora asuman con aparente facilidad la idea de que haber sido parlamentario de dicho partido es poco menos que una tacha, o al menos un inconveniente insuperable para ejercer el cargo de presidente.
En el sector mayoritario, a su vez, se vive con desazón y algún desconcierto este desencuentro entre el PP y Ollero. Los magistrados del sector conservador habrían preferido que no trascendieran las divisiones internas y el juego de influencias externas que reciben. Pero el conflicto es demasiado profundo y evidente.
La minoría progresista, a su vez, reivindica alguna presencia en los puestos principales del TC. El sector mayoritario ha ofrecido la posibilidad de que la magistrada Encarna Roca sea la nueva vicepresidenta. Pero la citada minoría no la considera plenamente de su grupo. De hecho, muchas sentencias sobre materias sociales se han aprobado en el Constitucional por 8 votos a 3. Y Roca estuvo habitualmente en el primer grupo. Pero su candidatura tiene a su favor el hecho de que se mantendría una magistrada en la vicepresidencia. La catedrática de civil Encarna Roca sustituiría en ese puesto a la catedrática de penal Adela Asúa. Por otro lado, la mayoría conservadora pretendería que el hecho de que sea una jurista catalana se vea como reflejo de una voluntad de integrar distintas sensibilidades.
En todo caso, frente a las iniciativas soberanistas el Constitucional ha actuado siempre por unanimidad. Es decir, ha anulado todas las propuestas de ruptura con España sin fisuras internas. Donde sí las hubo fue ante la reforma del propio TC que le dio atribuciones para suspender a cargos públicos cuando estime que han desobedecido sus resoluciones. Esta ley fue convalidada por el Constitucional también por 8 votos a 3, siguiendo el esquema ya descrito.
A la vista de todo ello, al TC se le presenta un panorama complejo si pretende elegir a su nueva cúpula con un alto grado de consenso. El sector progresista se vería más reconocido si la vicepresidencia queda en manos del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, pero en principio no podría catapultarle a ese puesto sólo con sus votos. Tras la renovación, este sector contará con cuatro magistrados. Para cerrar las grietas haría falta primero un pacto interno entre los conservadores, que tras las tensiones con Ollero parece difícil. Luego sería preciso otro acuerdo con la minoría progresista, y tampoco se han dado hasta ahora pasos importantes que lo faciliten.
El Gobierno ha indicado a los magistrados conservadores que prefiere que Ollero no presida el Alto Tribunal