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La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha amonestado al Ayuntamiento de Barcelona y lo ha hecho en uno de los puntos que más le duelen: la participación ciudadana. La alcaldesa Ada Colau ha convertido las consultas populares en uno de los ejes prioritarios de su actuación. La Sindicatura ha estimado parcialmente una queja de CiU, PP y Cs, y ha recordado que las buenas intenciones no siempre son suficientes. “En las futuras audiencias públicas de presupuestos, el Ayuntamiento ha de velar para que se garanticen los términos y las condiciones previstas en las normas reguladoras de la participación ciudadana”, dice la Sindicatura.

En realidad, esta institución –que supervisa las actuaciones municipales y actúa de mediadora entre los particulares y el Ayuntamiento– ha dado una de cal y otra de arena. Por un lado critica que la alcaldía no haya sido “suficientemente cuidadosa ni eficaz” en un proceso participativo, y no en uno cualquiera, sino en uno tan relevante como la audiencia pública para discutir los presupuestos municipales del 2017. Pero Vilà considera que el Consistorio actuó “de forma ajustada a la normativa en los aspectos esenciales” y “según los términos requeridos legalmente para aprobar los presupuestos de acuerdo con el interés general”.

La Sindicatura responde así a la queja presentada por la oposición el 2 de diciembre, cuando sus líderes denunciaron que el proceso de aprobación de los presupuestos se inició el 16 de noviembre del 2016 con un decreto de la alcaldía que convocaba una audiencia pública para el 23, con sólo cuatro días hábiles de antelación. CiU, PP y Cs argumentaron que la premura de los plazos incumplía las normas reguladoras de la participación ciudadana, que determina que la convocatoria se ha de realizar “con un mínimo de 15 días de antelación”. Los reclamantes también echaron en falta que no se habilitara ningún buzón o espacio “para que la ciudadanía pudiera formular propuestas o sugerencias”.

Maria Assumpció Vilà admite que hubo una “irregularidad formal”, pero insiste en que ello “no supone un vicio que anule la validez de la actuación administrativa”, aunque sugiere que la nueva normativa sobre participación ciudadana en que trabaja el Ayuntamiento “incorpore todos

Maria Assumpció Vilà avala la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento, pero critica la falta de diálogo

los aspectos que deben regular las audiencias públicas de presupuestos y ordenanzas fiscales para que el proceso sea absolutamente diáfano y no permita ambigüedades en la interpretación”.

Joaquim Forn, teniente de alcalde con el predecesor de Colau, Xavier Trias, resume los hechos diciendo que la Síndica ha dado “un tirón de orejas a la alcaldesa porque la participación se practica y no se predica”. La queja, sin embargo, ha sido estimada sólo parcialmente porque, como recuerda la defensora de los ciudadanos, si bien el Ayuntamiento no respetó los plazos ni colocó el buzón que reclamaba la oposición, sí sometió el proyecto a exposición pública en la web municipal. Además, insiste, el presupuesto también incorporó aportaciones de la plataforma Decidim Barcelona durante la elaboración del plan de actuación municipal.