Pobreza desamparada
Se cumple un año de la celebración de la sesión sobre emergencia social
Según las organizaciones benéficas, las resoluciones aprobadas por el Parlament contra la desigualdad no se han concretado en medidas reales.
El Parlament aprobó 40 resoluciones con medidas contra la desigualdad, 13 de ellas por unanimidad, hace justo un año. Fue durante la celebración del pleno monográfico sobre emergencia social, convocado a petición del PSC y Catalunya Sí que es Pot, y que levantó nuevas espectativas entre las entidades sociales que luchan contra la pobreza y la exclusión. Eso, pese a que la mayoría de iniciativas carecían de dotación económica y estaban sujetas a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.
El balance que hacen las oenegés tras estos doce meses es agridulce y califican los resultados de “insuficientes”. Todas las entidades consultadas coinciden en valorar el interés del Govern en buscar soluciones a la pobreza. También que se haya creado una mesa de seguimiento en la que se mide el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y la mejora en la prestación de determinados servicios. Pero alertan de que “se ha avanzado poco” en los temas importantes. “El pleno ha sido válido pero no tenemos una visión triunfalista de sus resultados”, subraya Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector.
La consellera de Presidència, Neus Munté, destacó ayer en el pleno del Parlament que el 80% de las 273 medidas acordadas hace un año se están aplicando o tramitando, y que, pese a no haber podido aprobar los presupuestos el 2016, se ha hecho un esfuerzo por mejorar partidas como las becas comedor o la ayuda a los sintecho.
El problema, explica Mercè Darnell, adjunta de acción social de Cáritas Diocesana de Barcelona, está en que las medidas de mayor calado no se han activado. “No hemos mejorado en la renta mínima de inserción, ni en el parque de vivienda de alquiler social, ni en pobreza energética ni en acceso al trabajo de colectivos vulnerables, que son cuestiones de fondo y fundamentales en la lucha contra la precariedad”, resume.
Las oenegés también lamentan que la mesa de seguimiento no se reúne desde octubre, cuando lo debía hacer cada dos meses –Munté ha fijado para abril el próximo encuentro–, y que no se ha hecho una priorización de las iniciativas.
Mientras, los casos de pobreza severa se cronifican y surgen nuevos retos, como el de las personas con empleo, pero tan precario que no pueden subsistir con su sueldo. El riesgo de pobreza ha disminuido dos puntos en Catalunya, del 20,9% al 19%. Pero aún hay 170.000 familias donde todos sus miembros están en el paro y 100.000 personas que no perciben ninguna prestación, según datos del Idescat.
“Ahora vemos un nuevo fenómeno, el de personas que perdieron su empleo sobre los 50 años y que no han cotizado desde entonces, llegan a la edad de jubilación y la pensión que les queda es de 600 o 700 euros, muchos perdieron su casa y con ese dinero pagan un alquiler y ayudan a los hijos; esto es la tormenta perfecta, las administraciones tienen que empezar a hacer un plan ya”, alerta Enric Moritz, coordinador de Creu Roja.
Ante este escenario, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP consideran que urge celebrar otro pleno de seguimiento sobre la lucha contra la pobreza en el que el Govern rinda cuentas y se mejoren las medidas que no funcionan. Sí que es Pot presentará una moción en breve donde solicitará la convocatoria de este pleno y Munté se mostró ayer abierta a celebrarlo.
Desde Junts pel Sí, piden que se espere a la aprobación de los presupuestos del 2017 para valorar el plan contra la pobreza. “Entonces contaremos con más recursos”, afirma el diputado Chakir El Homrani.
Los grupos piden convocar un nuevo debate de seguimiento y el Govern está dispuesto a aceptarlo