La válvula de seguridad
El proceso independentista ha entrado en su fase crítica: los grupos de JxSí y la CUP han puesto en marcha una reforma del reglamento del Parlament de Catalunya para aprobar la desconexión exprés. Una especie de huida hacia delante cuando acaba de estallar la bomba política del caso Millet. Sorprende la sorpresa de algunos analistas ante esta iniciativa parlamentaria. La causa causarum, en expresión de Cicerón, no es otra que las elecciones plebiscitarias del 27-S del 2015. Artur Mas dio un perfil de plebiscito a aquella convocatoria anticipada y trastocó sus resultados: los electores no respondieron en clave ideológica, sino identitaria.
El desenlace del 27-S fue perverso en varios frentes. Primero: el independentismo obtuvo la mayoría absoluta de escaños (72), pero no de votos. Segundo: la tensión identitaria situó a Ciudadanos como segunda fuerza; por vez primera, el primer partido de la oposición no pertenecía a la tradición del catalanismo político (esta lógica se rompió tres meses después –en las generales del 20-D– cuando, al primar de nuevo el eje ideológico, Ciudadanos ocupó la quinta plaza). Y tercero: JxSí (ERC y CDC) sumó 62 escaños y podía haber pactado la investidura con la segunda fuerza, la tercera, la cuarta o la quinta (Cs, PSC, CSQP y PP), pero lo hizo con la sexta fuerza, es decir, la CUP. Este desplazamiento del eje ideológico en favor del identitario llevó a la antigua CDC a sacrificar su perfil reformista en el altar del proceso: el president Mas, partidario del business friendly, ligó su suerte a la de los diez diputados de la CUP, una fuerza que se define como anticapitalista.
Aquí empezó una cadena de despropósitos. Primero: la resolución sobre el inicio del proceso, aprobada por el Parlament el 9 de noviembre del 2015, es decir, antes de que Artur Mas se hubiese asegurado la investidura; en aquel texto, el Parlament anunciaba que adoptaría “las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español” e instaba “al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta Cámara”. Segundo: el “paso al lado” de Mas a cambio de un acuerdo de “estabilidad parlamentaria” con la CUP para investir a Carles Puigdemont; la CUP se comprometía a “no votar en ningún caso en el mismo sentido que los grupos contrarios al proceso”. Después, con la fallida votación del presupuesto y la cuestión de confianza como trasfondo, el Parlament aprobó las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent, el 27 de julio del 2016, que propugnan “la desconexión con la legalidad del Estado español por medio de las leyes de desconexión”. Y el 6 de octubre del 2016, en el debate de política general, la Cámara retrocedió a la pantalla anterior, es decir, la del referéndum: instaba al Govern “a celebrar un referéndum vinculante, a más tardar, en septiembre del 2017”.
Y aquí estamos. Sólo hay un mecanismo para salir del círculo vicioso del 27-S: disolver el Parlament y convocar elecciones. Es la válvula de seguridad. El president Puigdemont tiene en sus manos la llave para activarla. El problema está en que fue elegido para hacer justo lo contrario: llevar el proceso hasta el final.
El mecanismo para salir del círculo vicioso del 27-S: disolver el Parlament y convocar elecciones