Sube la marea verde
La comunidad educativa sale a la calle y recuerda al Gobierno que el pacto de Estado debe revertir los recortes
De nuevo, guerra de cifras: los sindicatos hablan de seguimiento masivo y el Gobierno, de mínimo La futura ley educativa que sustituiría a la denostada Lomce se aplicaría, como pronto, en el curso 2018-2019
Primera protesta de la comunidad educativa contra la gestión del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. La marea verde, que durante meses y meses luchó contra la denostada Lomce, volvió a salir a la calle de las principales capitales de España y a dejar las aulas de colegios, institutos y universidades a medio gas. No ha sido ni mucho menos como la que llevaron a cabo en el 2013 contra el polémico ministro José Ignacio Wert (actualmente en París, como embajador de España en la OCDE), pero sigue exhibiendo una notable fortaleza, sobre todo en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza o Sevilla, mientras que en Barcelona se difumina más su presencia. Los sindicatos convocantes hablan de porcentajes de seguimiento por encima del 60% en los docentes y del 80% en los estudiantes, mientras que el Gobierno lo reduce a un simple “seguimiento mínimo”. Pero, al margen de las cifras y valoraciones, la realidad es que la protesta de ayer es un serio toque de atención al Gobierno: la comunidad educativa sigue de cerca los pasos que da el Gobierno y no va a permitir que no se les tenga en cuenta.
Méndez de Vigo no entiende las protestas de ayer, máxime cuando derogó la implantación de las reválidas en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato (el único punto que podía derogar ya que al inicio de esta legislatura la Lomce ya estaba al 99% implantada) y ha puesto en marcha una subcomisión en el Congreso para conseguir el anhelado pacto por la educación. Ese gran acuerdo supuestamente traerá consigo una nueva ley. Pero el sector educativo mira con recelo todos esos pasos porque, aseguran desde los sindicatos, mientras se habla y se debate (82 comparecencias en seis meses), la denostada ley Wert sigue dirigiendo la formación de los estudiantes de enseñanza obligatoria de este país y, lo seguirá haciéndolo, por lo menos, hasta el curso 20182019. Es imposible, reconocen los diputados, una nueva normativa antes.
Para los convocantes (estudiantes, asociaciones de padres y los sindicatos CC.OO. y UGT), mientras se debate en el Congreso, el sistema educativo sigue sufriendo recortes en las becas (el Gobierno lo niega y habla de que destina más dinero que nunca a este capítulo, 1.416 millones), se contempla la implantación de los grados de tres años y máster de dos (3+2) que encarece la enseñanza universitaria y se mantiene la elevada precariedad del profesorado y la falta de convocatoria de oposiciones. Desde el inicio de la crisis se han perdido unos 35.000 puestos docentes, mientras que la continua reducción de la oferta de empleo público ha supuesto que actualmente un 25% del profesorado de enseñanza pública sea interino.
Desde Educación se indica que “Hacienda ya está trabajando con los sindicatos y las comunidades para que la tasa de reposición sea del 100%. Y también está planteando una reducción de la interinidad, lo que provocaría un mayor número de plazas anuales”. “Pero esto no depende de Educación, sino de Hacienda. Si se apoyaran los presupuestos del Estado no habría problemas”, señalan fuentes del departamento.
La marea verde, que ha contado con el apoyo del PSOE, IU y Podemos, ha vuelto a demostrar su fuerza, especialmente, en Madrid. El seguimiento fue claro en los institutos y en las universidades, con incidencia mayor en la Complutense y en la Al son de la incondicional batucada, los manifestantes tiñeron de verde el centro de la ciudad.
También destacaron por su movilización la comunidad educativa de Sevilla, Guadalajara, Valencia y Murcia. En Catalunya, la huelga fue poco seguida (un 2,75% de los docentes, según Ensenyament) pero la manifestación que partió de la plaza Universitat a las doce del mediodía y finalizó dos horas después frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, dejó patente el apoyo de la comunidad educativa catalana a la marea verde que cubrió las calles de 40 ciudades de España.
Miles de profesores y estudiantes de secundaria y universidad, (un colectivo de 7.500, según la Guardia Urbana) marcharon tras la pancarta “Por la cohesión social: ni Lomce ni recortes” y gritaron contra la política del Gobierno del PP en materia educativa y universitaria. “Estamos en contra de privatizar la educación”, apuntó Laura, estudiante de 4.º de ESO que había acudido pese a los exámenes trimestrales. “Queremos aprender como personas, no somos solo mano de obra”, manifestó Aziz, estudiante universitario y miembro de la anticapitalista Revolta Global. Los universitarios también salieron a la calle la semana pasada para defender la rebaja del 30% del precio de las matrículas y protestar por la falta de becas.
La manifestación de ayer fue convocada por el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) en el que están presentes todos los sindicatos y las asociaciones de padres y
madres así como la Federación de Moviments de Renovació Pedagógica. María Vinuesa, de la Associació Rosa Sensat, defendió la derogación de la Lomce. “Si no se puede derogar, que se anulen los decretos que la han desplegado”, dijo. La huelga de ayer llega a Catalunya después de que los agentes sociales y el Govern firmaran un acuerdo de aumento de profesorado para el próximo curso, 5.200 más, gracias a la ampliación de 140 millones en la dotación de Ensenyament en los presupuestos generales. Este acuerdo desactivó la huelga que los agentes preparaban para febrero pero mantuvieron la de ayer para sumarse a las protestas estatales.
Para la consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz, “el Gobierno español ha provocado tanto que tiene a toda la comunidad educativa en contra, la catalana, e incluso la española”. Por su parte, el secretario de política educativa, Antoni Llobet, se distanció de la política educativa del PP señalando que el Govern publica decretos y evaluaciones curriculares en aprendizaje de competencias, y que ha mantenido Filosofía y las materias artísticas en 1.º y 2.º de Bachillerato. “Catalunya ha sido, además, la única comunidad que no firmó el convenio para la implantación de la formación profesional básica”.