La justicia europea deniega el derecho al olvido a los empresarios
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció ayer que el derecho al olvido no se aplica a la información disponible en el registro mercantil, salvo en casos excepcionales pasado “un plazo suficientemente largo” de tiempo. El derecho al olvido, tal y como lo reconoce la legislación europea, no es absoluto. Los potenciales clientes o socios tienen “un interés legítimo” en acceder a los datos personales registrados, argumentan los jueces europeos, que han desestimado la demanda presentada por un empresario italiano que reclamaba que se borrara la información pública sobre su historial profesional.
El demandante, Salvatore Manni, impuso una demanda contra la Cámara de Comercio de la región de Lecce en el 2007 porque, a su juicio, la causa por la que no lograba vender los inmuebles de un complejo turístico era que en el registro de sociedades constaba que había sido administrador de otra sociedad que fue declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en el 2005. El Tribunal le dio la razón y ordenó a la Cámara de Comercio que hiciera anónimos los datos que relacionaban a Manni con aquella quiebra y le indemnizara por el perjuicio causado.
La sentencia fue recurrida y los magistrados del Tribunal de Casación italiano pidieron aclaraciones a sus colegas europeos para determinar cómo aplicar, en este caso, la directiva sobre protección de datos de las personas físicas y la directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades.
Los jueces europeos recuerdan en primer lugar que la publicidad de los registros de sociedades tiene como fin garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Debido a que los plazos de prescripción de sus diferentes obligaciones varían enormemente, los datos pueden ser reclamados muchos años después y deben, por tanto, permanecer disponibles mucho tiempo. Por este motivo, argumentan, los estados miembros no pueden garantizar por sistema que después de un periodo de tiempo determinado vayan a suprimir los datos personales de sus registros.
“Esta injerencia en la vida
Un ejecutivo pidió que se borrara información pública sobre su historial
privada no es desproporcionada”, afirma la sentencia, ya que el registro mercantil contiene un número limitado de datos personales y, dado que estos empresarios ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a terceros, está justificado tener acceso a esa información. La sentencia abre la vía a que “en situaciones concretas” haya “razones legítimas” por la situación personal del interesado que puedan justificar “excepcionalmente” que se limite el acceso a los datos personales cuando expire un plazo suficientemente largo tras la liquidación de la empresa en cuestión. La limitación, subrayan los jueces, sólo puede hacerse “caso por caso”.
Los jueces rechazan que tengan que eliminarse los datos del registro mercantil