El concurso eléctrico de Barcelona queda anulado
El Ayuntamiento se ve obligado a iniciar de nuevo el proceso tras ser aceptado el recurso presentado por Endesa y Gas Natural
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha anulado el concurso municipal para el suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona como respuesta a los recursos presentados por Endesa y Gas Natural. El concurso, valorado en 65 millones de euros, incluía una cláusula que obligaba a la compañía ganadora a firmar un protocolo de corresponsabilidad en materia de pobreza energética que permitiría sancionarla posteriormente en caso de incumplir la ley 24/2015 aprobada en el Parlament de Catalunya.
El tribunal administrativo ha resuelto el recurso presentado por Endesa y ha dictado la anulación de los pliegos y del anuncio de licitación. De esta manera, el gobierno municipal se ve obligado a convocar un nuevo concurso que introduzca los cambios necesarios en la cláusula de la discordia. Las dos suministradoras que presentaron el recurso consideraban que la cláusula social introducida en el concurso no se ajustaba a la legalidad y era “discriminatoria” porque obligaba a las grandes empresas a asumir unos compromisos con los clientes vulnerables que las pequeñas comercializadoras no tenían.
El tribunal reconoce que resultan “loables y encomiables” las “buenas intenciones del Ayuntamiento” para reducir la pobreza energética, pero apunta que el texto de la licitación “no aporta las obligaciones a ejecutar por el contratista de una manera clara e inequívoca”. Sostiene que una cláusula de este tipo debe estar bien definida y que las compañías que optan al concurso “no conocen las obligaciones” que les imponga el Ayuntamiento de Barcelona.
“De la lectura de los pliegos no se pueden adivinar de ninguna manera los parámetros para la determinación concreta del precio de la atención y reducción de la pobreza energética”, subraya el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un órgano adscrito a la Generalitat y heredero del organismo que resolvió contra la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.
La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Endesa celebra la resolución administrativa y muestra su deseo de que “las alegaciones sean escuchadas ahora que se ha demostrado que tienen fundamento jurídico”. El Ayuntamiento, por su parte, no se pronunció ayer a la espera de un estudio técnico y jurídico que les marque el camino a seguir a partir de ahora. El nuevo contrato debe entrar en vigor el 25 de marzo y ya no se puede volver a prorrogar. Ahora el gobierno municipal deberá elaborar un convenio puente que garantice el suministro eléctrico municipal hasta que se vuelva a convocar el nuevo concurso.
El Tribunal Català de Contractes no avala la cláusula de pobreza energética incluida en la licitación