La ordenanza de convivencia
EL Ayuntamiento de Barcelona, ahora dirigido por BComú, quiere modificar la ordenanza de convivencia que fue aprobada en el 2006, cuando la ciudad estaba aún bajo administración socialista. En opinión del Consistorio que encabeza Ada Colau, aquella norma que rige el uso del espacio público ya quedó obsoleta, entre otros motivos porque la coyuntura ha cambiado, porque las prioridades son hoy distintas a las de entonces, porque la norma vigente en la actualidad estigmatiza a los colectivos más vulnerables y porque las multas que se imponen, por regla general, no se llegan a cobrar.
Hace algo más de diez años, en Barcelona había mucho grafiti en las paredes, muchos lateros vendiendo cervezas, muchos barceloneses o visitantes que orinaban en cualquier rincón y excesiva suciedad en las calles. Esto desagradaba y preocupaba a buena parte de la ciudadanía. Fue con la intención de atacar esos y otros problemas que se redactó aquella ordenanza. Desde el Ayuntamiento se cree ahora que los grandes problemas actuales son de distinta índole y tienen que ver con la precariedad laboral, la masificación turística, los ruidos, las rutas de borrachera, etcétera. Por tanto, en su opinión, habría llegado el momento de iniciar los trámites para acometer la reforma.
Sin duda, han aparecido nuevas conductas que entorpecen la convivencia. Pero eso no significa que las precedentes hayan desaparecido. En cualquier caso, la redacción y aplicación de una nueva ordenanza no será tarea sencilla. Sobre todo porque para culminarla se requieren apoyos que la oposición municipal quizás no vaya a dar. Pero, para ir calentando motores, el Ayuntamiento ha encargado un informe a dos profesores de la Universitat de Barcelona. Las conclusiones de dicho informe, orientado por el deseo de adecuar la normativa a estándares de derechos humanos, recomiendan cambios sustanciales en la ordenanza, para hacerla “más equitativa, más eficaz y más garantista”. Porque, a su modo de ver, la actual ordenanza sobrepenaliza a los más vulnerables, que dada su condición se hallan ya en un plano de inferioridad social, económica y jurídica.
Es sin duda loable la intención municipal de proteger, en la medida de lo posible, a quienes más lo necesitan. Pero la obligación del equipo de gobierno va más allá: no cumpliría con ella si concentrara sus desvelos en un solo colectivo y desatendiera al resto. El espacio público pertenece, por definición, a todos. Y todos deben hallarlo a punto para la convivencia.
Es responsabilidad municipal, como decíamos, garantizar esta transversalidad de uso del espacio público. Y a tal fin es preciso que se den las condiciones para que todos los colectivos hallen acomodo en él. No sólo los más vulnerables. También los que no lo son tanto. Lo contrario es actuar llevados por un buenismo no necesariamente inclusivo. Y no es ese el único problema. Ya se ha comprobado, y admitido incluso en las más altas instancias del actual Consistorio, que una política laxa, lejos de resolver los problemas de abuso del espacio público, los agranda. Se comprobó con la expansión de los manteros, cuyo número creció mucho en Barcelona meses atrás. Porque a menudo la distancia entre la lasitud y el efecto llamada es muy corta. Llevamos camino de volver a comprobarlo debido a la proliferación de decenas de asentamientos en solares o equipamientos ciudadanos en desuso. El espacio público, decíamos, es de todos. Y a todos sus usuarios hay que atender.