La Generalitat destina 109 millones de euros a políticas de vivienda

Pese a la recuperación económica, las familias catalanas continúan sufriendo serias dificultades para acceder a una vivienda, una situación que ha obligado a la Generalitat a aumentar en un 30% –un 115% respecto al 2012– los recursos destinados a políticas que garanticen el derecho a la vivienda. El pasado año se dedicaron a este fin un total de 109 millones de euros, que sirvieron para ayudar a más de 88.000 familias, según explicó ayer la consellera de Habitatge, Meritxell Borràs. Estos recursos se invirtieron principalmente en dar respuesta a las situaciones de emergencia residencial y ayudar a los ciudadanos con dificultades de acceso y mantenimiento de su vivienda.

La mayor parte de la inversión –en total 94 millones de euros– se dedicó a ayudas ordinarias, como el pago del alquiler. Este tipo de prestaciones recibió un 33% más de recursos que el año 2015, lo que permitió dar 12.000 prestaciones más. Se ha de recordar que el impago de las rentas de arrendamiento es desde hace unos años la principal causa de desahucio en las grandes ciudades, como es el caso de la capital catalana. De hecho, más de la mitad de las prestaciones y los recursos aportados por este concepto por la Generalitat estuvieron dedicadas a atender a casos de las comarcas de la provincia de Barcelona.

Además de estas prestaciones, la Generalitat dispone de otras ayudas, como las subvenciones urgentes que están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. El secretario de Habitatge, Carles Sala, calificó esta línea de asistencia como “básica, ya que la intervención de la administración es básica para evitar que las familias pierdan su vivienda”.

Según Sala, durante el año pasado, la Generalitat evitó de forma directa 4.480 desahucios a través de estas ayudas urgentes, los acuerdos alcanzados en la intermediación y las adjudicaciones de vivienda a través de las mesas de emergencia. Se trata de una cifra superior a la del 2015, con un incremento de 148 casos. Las actuaciones para evitar los lanzamientos se han concentrado mayoritariamente en las zonas donde hay más población y problemáticas asociadas al riesgo de exclusión residencial, como las comarcas de Barcelona –excepto las de la Catalunya Central– y el Camp de Tarragona.

En el marco de las políticas de vivienda, la Generalitat también tiene el objetivo de recuperar pisos que ahora mismo están en manos de los grandes tenedores (fondos de inversión y entidades bancarias). La intención es utilizar la figura del tanteo y retracto en aquellos municipios con demanda acreditada para que la Generalitat o los ayuntamientos puedan adquirir este tipo de pisos. Desde que se aprobó el decreto que permite estas compras –hace un año y medio–, la Generalitat ha comprado 460 viviendas con un gasto por adquisición y adecuación de 21,8 millones de euros. Esto significa, según señaló Sala, que se han comprado los pisos por menos de 50.000 euros, un precio mucho menor que el que se hubiera pagado si se hubieran tenido que construir. “Es una herramienta que permite ampliar el parque público de vivienda y luchar contra la especulación”, dijo el secretario de Habitatge. Además las entidades bancarias se han comprometido a ceder 3.660 viviendas. De momento, se han formalizado 2.127 contratos y los pisos se han entregado a la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Las ayudas evitaron el año pasado de forma directa 4.480 desahucios El presupuesto del año pasado se amplió un 30% respecto al del 2015