Un juez acepta una nueva querella por estafa en los columbarios del Barça
Un juez ha aceptado a trámite una querella por estafa contra el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, el propio club, el exdirectivo Toni Freixa y dos empresarios por el proyecto fallido de los columbarios. Esta fue una iniciativa de la anterior directiva, que pretendía instalar un memorial en el interior del Camp Nou para que los socios que lo desearan pudieran reposar eternamente junto al equipo de sus amores.
La propuesta, pese a presentarse públicamente, no se llevó a cabo y mientras tanto el club habilitó provisionalmente un espacio en el cementerio de Les Corts para poder responder a la demanda.
El juez citó a declarar a Bartomeu, Freixa, un representante del Barça y los otros querellados el pasado 16 de marzo, pero la cita quedó suspendida a la espera de que se fije una nueva fecha. Esta es la segunda investigación abierta por este asunto, después de que una veintena de pequeños inversores se querellaran contra los responsables del conglomerado de la empresa Giem, a la que el Barça cedió la gestión del memorial. Los inversores compraron derechos de los futuros columbarios con la promesa de que les serían recomprados tres años después con una alta rentabilidad. Transcurrido ese tiempo, siguen esperando y decidieron presentar una querella reclamando el dinero. A este embrollo ahora se le ha sumado la nueva querella. La presentó José Huertes, actual administrador del grupo Giem, y a quien los pequeños inversores también reclaman parte del dinero en la primera querella.
El querellante sostiene, a partir de la documentación aportada, que el Barça siguió impulsando el proyecto de los columbarios sabiendo que no se podía hacer ya que el Camp Nou no contaba con la licencia municipal correspondiente. Varios documentos a los que ha tenido acceso La Vanguardia indican que un mes después de presentar el espacio públicamente, la nueva sociedad creada expresamente,EspaiMemorialBarça, pidió la licencia para poder instalar las urnas en el estadio, pero le fue denegada ya que el recinto sólo podía tener un “uso deportivo”. El 7 de marzo del 2013 fue notificada la negativa municipal, pero el 22 de abril el Espai Memorial sacó a la venta los columbarios aun sabiendo que no se podían construir. El Barça recibió un millón de euros de la empresa como depósito. Además, renovó el contrato con la empresa en el 2014, mediante un documento firmado por Bartomeu. Huertes acusa al club de “querer perpetuar la viabilidad del proyecto para apropiarse del millón de euros”.
El otro frente judicial se dirige contra el exdirectivo y excandidato a la presidencia del club Toni Freixa. El administrador Huertes y la exdirectora financiera del grupo Giem acusan al exdirectivo de cobrar comisiones para que el Barça aceptara el proyecto de los columbarios. La contabilidad de la empresa acredita pagos de 215.000 euros al despacho profesional de Freixa, desde el 2011 hasta el 2014, cuando éste todavía era directivo del Barça. “Es una comisión por haber accedido al contrato y poder firmar con el Barça”, aseguró
El querellante y una testigo acusan a Freixa de cobrar comisiones para aceptar el proyecto; él lo niega todo
la exresponsable de las finanzas ante el juez. Relató que en las facturas figuraba el concepto “asesoramiento jurídico” supuestamente para camuflar el pago de comisiones ya que “Freixa no hacía nada”, precisó esta testigo. Su declaración forma parte de la investigación de la primera causa que instruye el juzgado de instrucción 7.
Por el contrario, el propio Toni Freixa lo negó todo. En la declaración que prestó como testigo en ese juzgado, desmintió el pago de comisiones y defendió que las facturas que su despacho giró a Giem se debieron a servicios reales de “asesoramiento jurídico” que prestó un socio de su despacho. Aseguró que él siempre se mantuvo al margen de los negocios de su bufete con el Barça.
Por su parte, el FC Barcelona está dispuesto a devolver el millón de euros si se lo solicita el juez y se muestra convencido de haber actuado correctamente. “Hemos cumplido todas las obligaciones contractuales y nos sentimos perjudicados porque se ha frustrado una vía de negocio que se nos había planteado”.