El Síndic critica al Estado por la “persecución penal” de cargos electos

Triple alerta del Síndic de Greuges. Rafael Ribó presentó ayer en el Parlament un informe que cuestiona al Gobierno y al poder judicial del Estado por su “persecución penal” contra cargos electos soberanistas catalanes, y critica el “debilitamiento de la separación de poderes” en España. Pero también muestra su perplejidad por la inacción judicial ante la conversación de “contenido conspirador” entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso.

El Síndic concluye en el documento que las instituciones del Estado deberían evitar combatir por la vía judicial el proceso soberanista y, por lo tanto, a los cargos que lo avalan, ya que Ribó sólo lo ve justificable en casos de “extrema violencia, tumultos y verdadero riesgo para la integridad del Estado”.

“Recomendamos evitar el recurso a la vía penal para la solución de los conflictos políticos. Las medidas contra cargos electos se tendrían que limitar tanto como fuera posible”, aseguró Ribó, que añadió que el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 fue una acción política que debería tener una respuesta política. En este sentido, sitúa como origen del problema la reforma del Tribunal Constitucional que impulsó el Gobierno. Un hecho que contribuyó, en opinión de Ribó, a “desdibujar la separación entre poderes en España al otorgarle potestad sancionadora”.

Así, el informe del Síndic constituye una crítica general a los procesos judiciales abiertos contra Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, así como contra la alcaldesa

Ribó cuestiona que las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso no sean investigadas

de Berga, Montse Venturós, el concejal de Vic Joan Coma y varios concejales de Badalona por otras iniciativas soberanistas, y también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa.

Según Ribó, otra fuente de problemas ha sido “la influencia” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ejercido sobre la Fiscalía y que, según su opinión, se evidenció cuando los fiscales reconsideraron su posición inicial de no llevar la consulta del 9-N ante los tribunales.