La Vanguardia (1ª edición)

¿Una “nueva política” de servicios funerarios?

- Juan Jesús Domingo J. J. DOMINGO, presidente de Serveis Funeraris de Barcelona y consejero delegado de Mémora

Aun cuando pueda parecer una cuestión meramente semántica, no deja de sorprender que el Ayuntamien­to de Barcelona hable de una “nueva política de servicios funerarios” cuando la que está intentando aprobar coincide sustancial­mente con la que desarrolló hasta al menos 2011, año el que finalizó la venta del 85% de la sociedad Serveis Funeraris de Barcelona, y pasó a ostentar el 15% de su capital social, rodeando la operación de diversas garantías dirigidas a la protección de los intereses públicos.

La verdadera “nueva política” adoptada por el Ayuntamien­to de Barcelona fue precisamen­te la que se inició en el 2011, entonces liderado por el PSC, que hizo posible unos servicios funerarios liberaliza­dos –aunque mantenía su capacidad reguladora–, permitiend­o el desarrollo de un modelo que es referente en Europa y que ha permitido que el gasto funerario de las familias haya decrecido en casi un 8% desde el 2012.

Dicho modelo ha hecho posible que el Ayuntamien­to, además de ostentar el monopolio de los cementerio­s de Barcelona –servicio que reporta 3 millones de euros anuales a las arcas municipale­s y cuyas tasas no han bajado en los últimos 30 años– haya participad­o de forma activa en la gestión de Serveis Funeraris de Barcelona, una compañía centenaria y emblemátic­a de la ciudad, velando, a través de su participac­ión en el consejo de administra­ción, en cuantas decisiones referidas a precios, tarifas o condicione­s del servicio se han tomado durante estos años.

Barcelona dispone, pues, de una empresa participad­a por el Ayuntamien­to capaz de afrontar a través del diálogo y la colaboraci­ón los retos sociales que se proponga, sin tener por ello que aprobar una iniciativa que ha suscitado la oposición de sindicatos, asociacion­es, empresas de servicios funerarios, profesiona­les y partidos políticos y que ha sido tildada incluso de “ironía histórica” por falta de coherencia.

No deja de sorprender que un Ayuntamien­to que ha enarbolado la bandera de la participac­ión ciudadana sea capaz de definir un modelo de servicio tan complejo sin atender a los actores socio sanitarios y a las compañías que durante años han construido un servicio funerario cualificad­o por los propios ciudadanos en las encuestas del Consistori­o como excelentes y transparen­tes.

La cuestión del precio y las suspicacia­s personales que rodean este punto son difíciles de compendiar en este texto por su alta complejida­d. El gasto funerario está compuesto por distintos servicios

Sorprende que un Ayuntamien­to que enarbola la bandera de la participac­ión actúe sin diálogo ni sentido común

asociados, a su vez, a distintos precios. Una parte de ellos, los considerad­os como preceptivo­s, se prestan en régimen de monopolio por parte del Ayuntamien­to y representa­n un 15% del total. El 17% son impuestos indirectos ya que el servicio está grabado por un 21% de IVA. El gasto funerario depende en gran parte de los usos y costumbres, así como de las preferenci­as de las familias y por eso varía sustancial­mente según los distritos, siendo el precio medio de 3.190 euros, como acredita el estudio de la UPF El gasto funerario en la ciudad de Barcelona.

A ello cabe añadir que el 75% de los ciudadanos disponen de seguro de deceso y que el servicio de las familias sin recursos, casi un 5%, se presta gratuitame­nte desde las compañías de servicios funerarios. ¿Está el Ayuntamien­to pen- sando en construir una funeraria pública para el 20% de las familias no aseguradas que, en términos estadístic­os, están ubicadas en los distritos de renta per cápita más elevados?

Existe un silencio social que rodea la muerte y también a los profesiona­les que la gestionamo­s. Cada familia afectada por el fallecimie­nto de un allegado requiere de una media de 10 profesiona­les y ello 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día. La ausencia de un conocimien­to profundo sobre lo que supone dar cumplimien­to legal y emocional a la despedida de un ser querido, con las implicacio­nes sociosanit­arias, psicológic­as, logísticas, administra­tivas y, porqué no decirlo, de fuerte inversión, son la única explicació­n a lo que está sucediendo estos días.

Falta diálogo y sentido común.

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