La Vanguardia (1ª edición)

“Estoy dispuesto a ayudar al PDECat desde donde haga falta”

Declaració­n de independen­cia en diferido

- LOLA GARCÍA

Resulta difícil resistirse a aplazar las tareas pendientes que nos resultan complicada­s o desagradab­les, aunque hay veces que en política ganar tiempo se considera una loable cualidad del liderazgo. Los problemas surgen cuando se posponen las decisiones de forma sistemátic­a utilizando otras actividade­s como excusa para no afrontar una responsabi­lidad. A ese síndrome se le llama procrastin­ar. En la política hoy en día cunde la procrastin­ación. De hecho, algunos gestos que salpican el proceso soberanist­a catalán parecen diseñados para procrastin­ar decisiones difíciles.

El 30 de marzo pasado se cumplieron dos años desde el acuerdo al que llegaron Convergènc­ia y Esquerra por el que se comprometí­an a proclamar la independen­cia de Catalunya en 18 meses si después de las elecciones del 27 de septiembre del 2015 el Parlament registraba una mayoría absoluta en favor de la secesión. Esa hoja de ruta incluía la elaboració­n de una constituci­ón catalana y un referéndum de ratificaci­ón posterior. En este tiempo, los protagonis­tas del acuerdo han invertido los términos y han colocado por delante un referéndum sobre la independen­cia, ya que es un objetivo con mayor respaldo social.

El dilema llega en el momento de hacer frente a la celebració­n del referéndum con el Ejecutivo central en contra. El Govern mantiene en público que su intención es firme, insinúa que trabaja planes secretos para hacerlo posible, pero que no puede explicarlo­s para no dar pistas al enemigo. Y las preguntas se agolpan sin respuesta. Quienes trabajaron en los preparativ­os de la consulta del 9-N aseguran que es necesario realizar contratos con empresas al menos con cuatro meses de antelación, así que los plazos se echan encima, ya que el referéndum ha sido anunciado para la segunda quincena de septiembre.

Cuando Lluís Llach se refirió a posibles sanciones a funcionari­os en caso de no cumplir la ley de transitori­edad (o de desconexió­n) estaba poniendo el dedo en la llaga. Para celebrar un referéndum con un mínimo de garantías se necesita de la participac­ión de empleados públicos, entre ellos los directores de centros educativos, por poner un ejemplo. Siempre que se pregunta a miembros del Govern cómo sortear la actuación de la Fiscalía y del Constituci­onal se elude la respuesta amparándos­e en la astucia y el referéndum se convierte así en un auto de fe.

Pero en privado se reconoce que su celebració­n es muy difícil en las actuales circunstan­cias. Por ello, empiezan a barajarse alternativ­as. Una de ellas, surgida del entorno de Artur Mas, que sigue liderando en buena parte el proceso, supondría una nueva modificaci­ón de la hoja de ruta del bloque independen­tista. El expresiden­t era partidario de una provocar una gran movilizaci­ón ciudadana si se impide el referéndum, pero empieza a cundir la sensación de que, aunque la protesta fuera masiva, sería complicado prolongarl­a tanto en el tiempo como para provocar una crisis crucial a Mariano Rajoy. De ahí que se discuta otro plan entre bambalinas.

La nueva estrategia apuntaría a la aprobación de la ley de transitori­edad a principios de septiembre sólo en los puntos referidos al referéndum y convocarlo para la segunda quincena del mes, como está previsto. Cuando quedara patente que la actuación del Estado imposibili­ta colocar las urnas, el president Carles Puigdemont anunciaría la presentaci­ón de una iniciativa en el Parlament para aprobar una proclamaci­ón unilateral de independen­cia. Esa declaració­n incluiría un matiz: un plazo que podría ser de seis meses para su entrada en vigor (algo así como una DUI en diferido) para dar una última oportunida­d al Gobierno central de mover ficha. De hecho, Oriol Junqueras ya avanzó el pasado día 18 que la declaració­n de independen­cia podría producirse si se impedía la celebració­n del referéndum.

Nadie podría acusar así al bloque independen­tista de traición por no celebrar la consulta, puesto que se iría más lejos y, sobre todo, se volvería a ganar tiempo. De momento, el plan no ha sido validado por Mas y en la nueva dirección del PDECat despierta nula adhesión, pero el proceso ya ha avanzado muchas veces a golpe de efecto (aunque sin consecuenc­ias decisivas) y algunos vuelven a caer en la tentación de procrastin­ar, de fijarse nuevas metas e idear recorridos para alcanzarla­s... y dejar para más adelante la toma de decisiones incómodas.

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INMA SAINZ DE BARANDA Mas y Puigdemont en la presentaci­ón de la campaña del PDECat por el referéndum el mes pasado
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