Los fiscales del caso 3% se rebelan contra su jefe en Anticorrupción
Grinda y Bermejo actúan contra Moix por haber tramitado una denuncia falsa
La decisión adoptada por el jefe de Anticorrupción para destituir a los fiscales que hasta ahora han llevado el caso del 3%, sobre supuesta financiación irregular de CDC, está teniendo profundas consecuencias dentro y fuera de esta Fiscalía. Ahora está sobre la mesa una denuncia contra dichos fiscales, José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa. Y al mismo tiempo, una petición de amparo de los denunciados ante el Consejo Fiscal, que se reúne el próximo miércoles para analizar ambos puntos.
La denuncia –que se reproduce parcialmente en esta página– se refiere a supuestas coacciones sobre Rafael Pallardó, imputado en el caso del 3%, para que aportara datos contra los Pujol. En concreto, unos correos electrónicos. emitidos por la entidad Banca Privada de Andorra (BPA), en la que los Pujol tuvieron cuentas. La investigación sobre esos movimientos de capitales ha sido determinante para los registros de esta semana en domicilios y despachos de la familia Pujol. Los últimos pasos llevan especialmente tras la pista de Marta Ferrusola, que habría dado órdenes concretas a BPA para determinadas disposiciones y traspasos, uno de ellos hacia el Banco de Madrid, entidad, como la anterior, propiedad de los hermanos Higini y Ramon Cierco, imputados a su vez en otro proceso por blanqueo de capitales.
En los citados correos se instaba a Pallardó a “que entregase determinadas cantidades de dinero a una persona que respondía a las iniciales JP, JPM y JPMarta”. Pallardó ha denunciado que Grinda “me preguntó si dichas iniciales se correspondían con los nombres de Jordi Pujol y Jordi Pujol, Marta Ferrusola”, al tiempo que Bermejo “me instaba a que los entregase allí mismo”. El denunciante afirma que pese a la “vehemencia” de los fiscales –Juan José Rosa estaba presente, pero algo más apartado–, “me negué a confirmar” lo que “pretendían”.
Los fiscales denunciados niegan toda veracidad a las presuntas presiones sobre Pallardó y piensan contraatacar frente al intento de dejarles al margen de la investigación y de abrir una investigación contra ellos. En medios de Anticorrupción se subraya que el fiscal jefe, Manuel Moix, pidió determinados datos sobre las comisiones de servicios realizadas en las fechas de los hechos denunciados. El objetivo habría sido comprobar si Grinda, Bermejo y Rosa estuvieron en Catalunya el día que se entrevistaron con Pallardó y, según él, le presionaron. Las coacciones habrían consistido en decirle que si no se prestaba a una “declaración dirigida”, perdería “todo mi patrimonio español” y que “sería detenido” si no se prestaba a declarar también en Andorra, donde querían que fuera interrogado.
Pero las primeras comprobaciones de Manuel Moix sobre las fechas han revelado que el supuesto interrogatorio a Pallardó no se habría producido cuando el denunciante afirma. El supuesto día fue el 12 de marzo del 2015. Pero Grinda, Bermejo y Rosa no viajaron a Barcelona en esa fecha. Los fiscales denunciados, a su vez, no habían tenido conocimiento previo de que se indagaba sobre sus desplazamientos. Por eso pedirán que en la investigación sobre sus supuestas coacciones, el fiscal jefe de Anticorrupción declare como testigo.
Una situación insólita, en suma, en la que dos fiscales de Anticorrupción de Barcelona –Fernando Maldonado y Teresa Duerto– asumirán una investigación sumamente compleja, la del 3%, y los pagos a CDC, mientras sus anteriores titulares son apartados y han de hacer frente a una denuncia, al tiempo que cuestionan al jefe de dicha Fiscalía por no informarles de la acción emprendida contra ellos hasta que se formalizó. Grinda y Bermejo –que eran los titulares de la investigación sobre el 3%– y Rosa no supieron que Moix se entrevistaba con Pallardó y su abogado hasta después del encuentro. El cuadro, por tanto, es que el Consejo Fiscal tendrá que pronunciarse sobre el amparo pedido por los fiscales denunciados en un escenario de choque de trenes sin precedentes en la Fiscalía Anticorrupción.