¿Ha de cumplirse la ley?

El peor legado de las dictaduras, más aun que la privación de las libertades, es la convicción que se introduce insidiosa en la conciencia de los ciudadanos acerca de que las leyes no deben ser cumplidas, pues sólo están para crear una apariencia de legalidad formal vacía de fuerza vinculante. Tan es así, que el profesor Aranguren llegó a decir que lo peor de las leyes fundamentales franquistas no era su contenido sino el hecho de que se promulgasen sin voluntad de cumplirlas. Creí por tanto, a inicios de la transición, que una de las tareas más honrosas de todos los partidos políticos era introducir en la sociedad española –es decir, en la conciencia social mayoritaria– la convicción de que las leyes están para ser cumplidas, tanto por el Estado que las da, como por los ciudadanos que las reciben. Máxime tras el eclipse legal provocado por décadas de dictadura franquista. Pero pronto advertí mi error. “Montesquieu ha muerto”, se proclamó con énfasis. Y, aunque sólo lo dijo uno, lo hicieron suyo todos. Así, por ejemplo, se convirtió en habitual una pregunta –¿es de los nuestros?–, que sustituyó procazmente a otra –¿es justo?–. Y de ahí a la corrupción sistemática media sólo un paso, que se ha dado con una desvergüenza y una grosería privadas incluso del desgarro corajudo del pícaro arrebatacapas, hoy sustituido por la flatulenta cuquería del aprovechado instalado en el sistema con sensación de impunidad.

El incumplimiento habitual de las leyes y la instrumentalización de las instituciones que deben aplicarlas y velar por su observancia provocan el descrédito de estas, a causa de la desconfianza que generan unas decisiones que parecen adoptadas en función de intereses espurios. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo. No es, por tanto, un valor, pues valor quiere decir precio, y el precio depende de las circunstancias contingentes del mercado y de estimaciones subjetivas, en tanto que las virtudes son objetivas y permanentes. Lo que no significa que, para hacer justicia, pueda prescindirse del conocimiento cabal y circunstanciado del supuesto de hecho, pues no existe más justicia que la justicia del caso concreto. Ahora bien, esta atención a las circunstancias del caso no puede confundirse con la aceptación del cambalache que supone la adopción de resoluciones judiciales en función de motivos de conveniencia política. De hacerse así, la decisión judicial no hace justicia sino que paga un precio o materializa una venganza. Si bien se piensa, todo ello conduce a un resultado: el descrédito de la ley, concebida como un plan vinculante de convivencia en la justicia, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala. De ahí que la observancia de la ley, tanto por quienes han de aplicarla como por quienes han de cumplirla, sea la expresión básica del pacto social sobre el que descansa el Estado democrático de derecho. Por tanto, el problema no está en la ley sino en quienes la aplican sin independencia y prudencia, así como en quienes la burlan con escarnio.

Pero me quedé corto en mi desengaño. Todo puede siempre empeorar. Y así, parodiando y pervirtiendo lo que en la transición fue un ejemplar ejercicio de respeto a la ley entonces vigente –pasando de la vieja ley a la nueva con escrupulosa observancia de aquella–, algunos postulan ahora el paso de la ley vigente a otra nueva haciendo tabla rasa de la vieja, volviendo a empezar de nuevo e infringiendo unilateralmente el pacto social en que toda norma constitucional consiste. Ya no es “de la ley a la ley” como entonces, sino ‘la vieja ley no me conviene por lo que promulgo otra nueva a mi gusto’ como sucede ahora. Lo que evoca, sin gracia, esta frase que se atribuye a Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”. Por lo que, de ser así, a aquella parte de la población afectada que considere que este modo de proceder supone la ruptura unilateral y encubierta de un pacto constitucional previo no le quedaría más remedio que someterse a la voluntad de quienes se consideran legitimados para decidir por todos gracias a una eventual mayoría simple. Sorprende, por ello, que se pueda llegar a conceder la menor entidad intelectual a algo que, en el mejor de los casos, no es más que el fruto de una aventura jurídica de fin de semana.

El respeto a la ley vigente no es una cuestión menor. Va en ello la subsistencia del Estado, que no es, a fin de cuentas, otra cosa que un sistema jurídico que dota de transparencia las decisiones de las instituciones y poderes públicos, y que permite una razonable previsión de futuro a los ciudadanos y a las empresas. Sin transparencia y previsibilidad, no hay seguridad jurídica; sin seguridad jurídica, no hay mercado; y sin mercado, no hay progreso económico. Por lo que, a medio y largo plazo, el incumplimiento de la ley cuesta muy caro. Termino, por tanto, por donde empecé: en este país, alguien tiene que comenzar a cumplir la ley alguna vez. Sin olvidar que –como escribió Séneca– “lo que no prohíben las leyes puede vetarlo la decencia”.

El problema no está en la ley, sino en quienes la aplican sin independencia, y en quienes la burlan con escarnio