La Fiscalía francesa investiga al brazo derecho de Macron
El asunto puede pasar factura en las inminentes elecciones legislativas
Francia discute los pequeños affaires de los ministros de su nuevo Gobierno, frágilmente llegado al poder sobre la promesa de la renovación, y que salpican a tres ministros judicialmente investigados: Richard Ferrand, ministro de Cohesión Territorial, brazo derecho de Emmanuel Macron y a quien el presidente de la República quiere colocar al frente de la futura Asamblea Nacional; Marielle de Sarnez, la ministra de Asuntos Europeos, y François Bayrou, ministro de Justicia (de cuyo caso no se habla), salpicados por el mismo asunto imputado a Marine Le Pen: hacer trabajar para su partido a ayudantes pagados por el Parlamento Europeo. En el caso de Ferrand, la Fiscalía de Brest decidió justamente ayer abrir diligencias (está investigado, pero no encausado) por un asunto inmobiliario en Bretaña.
Todo ello no es gran cosa. Visto desde España, auténticas minucias. Lo interesante aquí es el agravio comparativo mediático con Marine Le Pen o el caso François Fillon, el candidato de la derecha a cuya retirada (por un escándalo de aparentes empleos ficticios a su mujer y sus hijos como asistentes en la Asamblea Nacional) debe Macron su victoria presidencial.
Pero estos pequeños asuntos pueden hacer mucho daño en las legislativas del 11 y el 18 de junio, y poner a prueba el soufflé laudatorio que Macron ha recibido hasta ahora. Tanto el presidente como su primer ministro, de momento, se niegan a cesar a Ferrand. ¿Pasará factura en las legislativas?
De momento hay contramedidas: el ministro Bayrou presentó ayer mismo su ley para la confianza en la acción pública (antes ley para la moralización). Los cargos electos no podrán ejercer más de tres mandatos consecutivos en una misma función, quien haya sido condenado no podrá presentarse a unas elecciones en diez años, ministros y diputados no podrán ejercer funciones ejecutivas locales, se prohibirá contratar a familiares, se creará un Banco de la Democracia para financiar las campañas. Un buen propósito.
Sin embargo, el verdadero asunto está en otra parte: nunca un gobierno francés había estado tan colonizado por la empresa privada como el actual. Lo que en Estados Unidos es norma, empresarios y ejecutivos del ámbito privado entrando y saliendo de los puestos claves del Gobierno de la nación, en Francia es nuevo. Aquí el Estado tiene (¿tenía?) su propia cantera de “servidores del Estado”: la Escuela Nacional de Administración (ENA), desde hace años objeto de todo tipo de ataques en el contexto de la cruzada antiestatal del neoliberalismo.
Ahora la novedad del Gobierno de Macron es la presencia entre sus ministros y secretarios de Estado de cuadros y empleados de Areva, Thales, Citigroup-HSBC, Crédit Agricole, Aéroports de Paris, Danone-Nestlé, Schneider Electric, Esso-Total, Dassault Systèmes, Havas, MSC Croisières...
“Casi todas las grandes empresas francesas cuentan con antiguos dirigentes o empleados en los que a partir de ahora podrán encontrar, si hace falta, una oreja dispuesta a escucharles”, resume el semanario Le Canard Enchaîné. “Las puertas giratorias” (lo que los franceses llaman el pantouflage )se han generalizado y los riesgos de conflicto de intereses nunca habían sido tan numerosos”, señala la publicación. El asunto es serio, revela un cambio fundamental que se reflejó en la propia financiación de la campaña electoral de Macron.