Moix entierra al fiscal investigador
Los proyectos del Gobierno para que la Fiscalía dirija los procesos penales vuelven a quedar aplazados tras la tormenta en Anticorrupción
La crisis que ha supuesto para la Fiscalía Anticorrupción el caso Moix y su renuncia inducida va a tener efectos retardados. Y retardatorios. Con el tiempo irán aflorando los daños de todo tipo que ha producido el intento de poner bajo control a los fiscales que persiguen los casos de corrupción. Uno de esos efectos será el de volver a retrasar la puesta en marcha de un cambio de fondo en la organización del sistema judicial español, el que permitiría que los fiscales lleven el peso de la investigación penal, como en casi todo nuestro entorno.
Ahora no habría el mínimo consenso necesario para ello. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que aún podrá ponerlo en pie, confiado en que a la vuelta de unos meses la crisis Moix haya quedado olvidada. Pero en la propia Fiscalía se estima que la prioridad es ponerle ruedas nuevas a Anticorrupción, después del pinchazo Moix.
El nuevo jefe tendría que ser de dentro, alguien que conozca cómo funciona la casa. La teniente fiscal, Belén Suárez, no ha salido bien parada de esta fase. Más de un día estuvo entre la espada y la pared. Se duda de que vuelva a presentar su candidatura. Sí lo harán, en cambio, Alejandro Luzón, el fiscal del caso de las tarjetas black, y Antonio Romeral, el encargado del proceso por los papeles de Bárcenas. Tienen la suficiente autoridad interna. También se cuenta con Juan Pavía, que ya está en Anticorrupción. Entró en la carrera fiscal de la mano del fiscal general, José Manuel Maza, con quien preparó las oposiciones.
El nuevo jefe tendrá que ejercer con templanza y tener la suficiente autoridad como para que sus órdenes y decisiones no se confundan con consignas políticas. En Anticorrupción detestan que les llamen rebeldes o, peor aún, conspiradores. A lo que aspiran es a estar bien dirigidos y a que nadie les obligue a tocar desafinando.
Mientras, en el Parlamento no hay un solo grupo dispuesto a hablar en estos momentos de traspasar a los fiscales el peso de las investigaciones penales. Hay más confianza en los jueces, en las garantías de que su labor pueda desarrollarse de forma independiente y sin sujeción directa al Gobierno. En cambio, la Fiscalía es un satélite que describe una órbita demasiado cercana al poder de atracción del Ejecutivo. Lo demuestra toda la historia del Ministerio Fiscal en democracia. Prácticamente no hay un solo fiscal general que haya salido indemne del cargo.
José Manuel Maza, el actual fiscal del Estado, difícilmente podía ser una excepción. Llegó en sustitución de Consuelo Madrigal, que a su vez sucedió a Eduardo Torres-Dulce cuando dimitió por no haber presentado con rapidez la querella que el Gobierno quiso interponer contra Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-N. Lo que buscaba el Ejecutivo era dar otro sesgo a la labor de la Fiscalía, más acompasado con su deseo y sus planes de estabilidad política. No se trataba de taponar la lucha contra la corrupción, sino de garantizar que siempre que hubiera que recurrir a la cirugía, se intentaría abrir sin dolor. La preocupación que el Gobierno y el PP tienen a este respecto ha quedado muy en evidencia con la polémica sobre la declaración de Rajoy en el juicio del caso Gürtel. En paralelo a la aprobación de los presupuestos, con Rajoy diciendo que no hay que concentrarse en los chismes, el PP ha hecho grandes esfuerzos por evitar que su líder tuviera que ir a declarar como testigo. Pero finalmente no ha podido evitarlo.
La pica que el Ejecutivo quería colocar esta vez en la Fiscalía debía ser, en definitiva, la que le permitiera librarse de sobresaltos en la lucha contra la corrupción. Pero después del caso Moix va a ser difícil conseguir que los fiscales de Anticorrupción permitan que su labor se acompase con las conveniencias y los calendarios políticos.
El caso Moix, por tanto, no sólo ha perjudicado a Anticorrupción, sino que le ha hecho un daño irreversible a los planes de potenciación de la Fiscalía a más largo plazo. Maza reivindica su autonomía cada vez que va al Parlamento, pero los cambios habidos en la cúpula fiscal en su etapa ponen de relieve que la conexión con los intereses políticos del Ejecutivo es muy directa.
De hecho, ese ha sido el principal problema de Moix, y no sólo su sociedad opaca en Panamá. Fue nombrado para ocupar la jefatura de Anticorrupción porque el Ejecutivo pensaba que en esas ventanas había demasiados francotiradores con gatillo fácil. Moix no midió bien sus fuerzas. Pensó que para mandar basta con dar órdenes.
Las instrucciones de Moix sobre el caso Lezo –el que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González– abrieron los ojos incluso a los menos avisados. Pero antes de su llegada ya había habido episodios que ponían de manifiesto la reorientación de la fiscalía Anticorrupción. Pasó con las investigaciones que afectaban al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
Cuando Moix llegó, en suma, en el suelo de la Fiscalía Anticorrupción ya estaba extendido un reguero de pólvora. Y él prendió la mecha. Quiso cambiar la fase final de la investigación sobre el saqueo de la empresa pública del Canal de Isabel II y la Fiscalía entera se puso en pie. Ahora en Anticorrupción esperan al sucesor de Moix, confiando en que no se repita la historia.
El Gobierno quiso acompasar el ritmo de Anticorrupción a su deseo y sus planes de estabilidad política Los fiscales esperan que su nuevo jefe sea de la casa y les permita tocar sin sonar desafinados