Mataró maniobra para eludir la implantación de dos macroprostíbulos
El Ayuntamiento de Mataró no está dispuesto a perder la batalla de los macroprostíbulos. Dos sentencias, la última del Tribunal Supremo, ratifican que las imposiciones municipales al promotor de la dos instalaciones en el 2010 no se ajustaban a la ley. Ahora, el Consistorio en pleno adopta otras medidas para eludir la implantación de los grandes burdeles, cuyas licencias se deben renovar ya que las primeras han caducado.
La estrategia que impulsa el gobierno municipal cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Primero, se impulsará una modificación del plan urbanístico municipal para que el Ayuntamiento pueda volver a tener la capacidad de decidir sobre la ordenación urbanística. En concreto, la nueva legislación incidirá en una criba de las actividades que se puedan desarrollar en los polígonos industriales de la ciudad, lo que jurídicamente contrarresta la imposición del Tribunal Supremo, que anulaba todo lo referente a la limitación de espacios.
En paralelo, el gobierno de Mataró iniciará una campaña de inspección de todos los negocios de prostitución, ya que cada cinco años deben renovar la licencia. En la capital del Maresme sólo hay nueve establecimientos declarados como servicios de sexo, pero se estima que
El empresario al que el Tribunal Supremo dio la razón debe volver a renovar las licencias caducadas
puede haber otros tantos que actúan al margen de la ley.
El hecho de que las nuevas normativas no puedan tener carácter retroactivo afecta a los burdeles pendientes de conceder una licencia. Este no es el caso de los grandes prostíbulos de hasta 2.000 m², según la concejal de Urbanismo, Núria Calpe, ya que las licencias que pidieron las dos empresas promotoras han caducado, por lo que los nuevos permisos deberán adecuarse a la normativa vigente.
Si los promotores de los grandes lupanares, como han declarado, siguen interesados en instalarse en Mataró, teniendo en cuenta que en la adquisición de terrenos ya han invertido más de seis millones de euros, deberán adecuarse a la nueva normativa, aunque con las imposiciones de superficie fijadas por el TS. Para evitar este extremo, el Consistorio plantea imponer una moratoria urbanística, que impediría como mínimo durante un año prorrogable a dos todo movimiento urbanístico edificativo en la zona.