May propone un DNI sólo para los europeos que ya residen en el Reino Unido
La premier logra un costoso pacto con los unionistas del Ulster para gobernar
Theresa May propone que los europeos que residen en el Reino Unido tengan que sacarse un DNI para mantenerse legalmente en el país después del Brexit, cuando el resto de los británicos no necesita ninguna identificación. Además, podrían perder el derecho que ahora tienen de votar en las elecciones municipales y no queda claro su acceso a la sanidad.
Como sea que todo en la vida tiene un precio, Theresa May ha comprado el apoyo de los ultraconservadores protestantes norirlandeses del DUP, al cambio de hoy, por la cantidad exacta de 1.140 millones de euros (mil millones de libras). Como contrapartida, va a disponer de una mayoría operativa de 13 escaños en la Cámara de los Comunes, con la que espera sacar adelante una legislatura de dos años, incluidos los presupuestos y las leyes del Brexit que sean necesarias, y permanecer en Downing Street hasta por lo menos el 2019. Aunque nadie en el mundillo político da un duro (o un chelín) por ella, y por que, ya sea su propio partido o la oposición, no la pongan antes de patitas en la calle. O sea, que a la primera ministra le va a costar cada escaño de su precaria mayoría 114 millones de euros, que le parece un precio razonable por permanecer a corto plazo en la poltrona y llevar las riendas de la negociación con Bruselas, por lo menos hasta que el primer tema espinoso (la derogación de la legislación comunitaria, el estatus de los 3,1 millones de residentes de la UE en el Reino Unido, la factura a pagar a los 27…) llegue al Parlamento, los brexistas duros tiren hacia un lado y los blandos hacia otro, haya disidencias, la prensa de derechas ponga el grito en el cielo, y todo el castillo de naipes se venga abajo. Porque la realidad pura y dura es que el Govas bierno, a estas alturas y con las negociaciones técnicamente ya en marcha, no tiene rumbo y es como un barquito a la deriva.
Los derechos de los europeos se presentan como el primer gran escollo. La primera ministra presentó ayer a la Cámara de los Comunes los detalles del plan que ya había adelantado la semana pasada en Bruselas, y que ha sido calificado como “insuficiente” por los líderes de la UE. Su intervención, lejos de mejorar la propuesta, ha sembrado nue- dudas y se ha encontrado en seguida con la oposición frontal de los grupos que representan los derechos de los nacionales del resto de la UE en el Reino Unido.
Los europeos ya residentes en este país, o los que lleguen antes de una fecha de corte todavía por negociar y acumulen cinco años de residencia, habrán de legalizar su estatus mediante un DNI que se podrá solicitar digitalmente (tendrán
24 meses para hacerlo). Ya sólo con eso estarán discriminados respecto a los ciudadanos británicos, que no necesitan ningún documento de identidad. Además, es posible que pierdan el derecho a votar que ahora tienen en las elecciones municipales. Y para traer a un cónyuge que viva en el extranjero, habrán de demostrar (como los nacionales de cualquier otro país que no sea de la UE) que disponen de ingresos anuales de al menos 18.600 libras esterlinas (21.200 euros). En comparación con el estatus actual salen perdiendo por todos los lados.
Pero es peor aún. Porque en temas tan fundamentales como la atención médica, los derechos de los autónomos y las cualificaciones profesionales exigidas, el documento de Theresa May no ofrece garantías unilaterales, sino que se limita a expresar el deseo de una “continuidad”, sujeta al estatus que los demás países concedan a los ciudadanos británicos. Y en cualquier caso, el objetivo británico es que el árbitro de las eventuales disputas que se presenten sean los tribunales del Reino Unido, y no los europeos como exige Bruselas. Excluidos de estas condiciones quedarán los condenados por delitos graves o reiterados. Aparte de ello, la premier dijo que se trata de “una oferta generosa que proporcionaría a los europeos los mismos derechos a trabajar, residir, acceder a los fondos públicos, cobrar una pensión, reclamar subsidios para los niños que viven el extranjero y ejercer cualquier actividad que tienen los británicos”. Pero como suele ocurrir, la clave está en la letra pequeña. Y cuanto más se lee, más tramposa es la propuesta del Gobierno de Londres. Una igualdad muy, pero que muy relativa.
A cambio del apoyo del DUP en los próximos dos años de una legislatura ampliada (prorrogable a cinco en el caso improbable de que May aguante hasta las elecciones generales previstas para el 2022), Irlanda del Norte va a recibir 1.140 millones de euros (además de otros 570 ya presupuestados) para proyectos de infraestructuras, sobre todo en materia de sanidad, educación y carreteras. A instancia de sus socios, Londres se compromete a mantener el actual incremento mínimo anual de un 2,5% en las pensiones y las ayudas a los jubilados para el pago de la electricidad y el gas en invierno.
Los ultraconservadores unionistas no han conseguido arrancar su demanda de una reducción de los impuestos en los vuelos a Belfast, pero sí que el Reino Unido siga dedicando un 2% del PIB a gasto de defensa, mantenga los subsidios a los agricultores del Ulster a su nivel actual, y garantice que no convocará ningún referéndum sobre la unificación de Irlanda “si no es con el consenso de la población de la provincia”. Aparte de eso, ambas partes
Escocia y el País de Gales critican las concesiones a Irlanda del Norte por injustas y discriminatorias
se comprometen a respetar los acuerdos de Viernes Santo, a tratar al Gobierno de Dublín como un interlocutor, y que católicos y protestantes se beneficien por igual de este inesperado “tesoro”.
“En esta encrucijada crucial de nuestra historia, es importante tener un Gobierno estable que valore la unidad del país y trabaje en el interés nacional y por la prosperidad de todas las comunidades”, señaló May tras sellar el pacto con la primera ministra norirlandesa Arlene Foster. Pero las protestas no tardaron en llegar desde el País de Gales y Escocia, cuyos líderes calificaron las concesiones al Ulster como “injustas, discriminatorias y desestabilizadoras”. Pacto de gobierno, haberlo lo hay. Pero pendiente de un hilo o de una brizna de viento.