Batalla de papel
La madre de todas las guerras es el poder. El procés también es una guerra política para mantener o conquistar el poder, que ya ha tenido consecuencias penales y económicas para algunos procesistas destacados (aunque hasta ahora, en relación con el traspaso de poder, nada haya cambiado). Se trata de una guerra que se desarrolla sobre todo en los campos jurídico y electoral y que está animada por batallas de naturaleza diversa que confluyen. Una de estas batallas, con varios frentes, es la periodística.
Uno de los frentes de la batalla de papel, solapado a la acción diplomática, es el combate por la influencia internacional. Se ha reactivado a raíz del editorial de The New York Times publicado el viernes. Para los defensores del inmovilismo –que chalaron cuando Vargas Llosa cofirmó un artículo de opinión en ese diario proclamando que el separatismo era una mamarrachada– el editorial ha sido una ofensa intolerable. En Catalunya, mientras tanto, con la resaca de la verbena se lanzaron fuegos artificiales y la luz de los cohetes se vio de uno u otro color en función del posicionamiento de quien mira. Incluso se han producido disquisiciones filológicas para fijar la traducción, obviando si es preciso una frase entre guiones (“as voters in Quebec and Scotland have done”) que limaba la ambigüedad del sintagma anterior (“The best outcome for Spain would be to permit the referendum, and for Catalan voters to reject independence”) de manera bastante esclarecedora.
Pero de los frentes de la batalla de papel, el más cruento, aparte del asqueroso de la difamación, es el del dinero público. Los gobiernos pueden usarlo para decantar la ideología de los medios –atenazados por la crisis del sector– a través del maná de las subvenciones. La CUP, que ha actuado como el auténtico acelerador del proceso, lo tiene claro. Quien cobre, que cumpla. El día 20 la diputada Boya presentó una moción donde se instaba a los medios que reciban ayudas del Govern (directas o indirectas) a comprometerse “con el fomento de la participación democrática en el referéndum”. No se puede negar que su planteamiento es sutil. El clásico ‘quien paga manda’.