La difícil revalorización de las pensiones
LA subida del 0,25% aplicada a las pensiones este año, prevista en la ley de presupuestos generales del Estado, ha recibido el preceptivo visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este organismo considera adecuado el índice de revalorización de las pensiones, aprobado en la última reforma, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
La Airef también considera adecuado que las pensiones suban este mismo porcentaje del 0,25% anual hasta el 2022, lo que permitiría situar el déficit de la Seguridad Social entre el 1,1% y el 1,4% del producto interior bruto (PIB).
Si no existiera la norma legal que establece el citado 0,25% mínimo de subida, yen virtud de las proyecciones de ingresos y gastos del sistema, el índice de revalorización de las pensiones sería negativo y supondría un descenso del 3,5% anual. Con ello, y gracias a este recorte de las pensiones, se podría lograr una corrección casi completa del déficit de la Seguridad Social en el 2022.
La hipotética reducción de las pensiones en un 3,5% anual es inaceptable política y socialmente. Pero también lo es el aumento de estas en sólo un 0,25% anual. Este porcentaje de subida probablemente estará muy por debajo de la inflación y puede suponer una importante pérdida de poder adquisitivo de las pensiones desde ahora hasta el 2022. Globalmente, en el conjunto del periodo, esta pérdida podría situarse como mínimo entre el 6% y el 12%, en función de cuál fuera la evolución de los precios.
La financiación de las pensiones, que constituye la principal partida presupuestaria, juntamente con el pago de los intereses de la deuda pública, es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar el país. La comisión parlamentaria del pacto de Toledo que estudia este asunto apenas ha avanzado en la formulación de soluciones. El conjunto de los partidos de la oposición plantea volver a vincular el alza de las pensiones a la evolución del índice de precios de consumo (IPC) mientras Ciudadanos busca con el Gobierno algún tipo de alternativa que permita mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y, al mismo tiempo, garantizar el equilibrio financiero del sistema.
El único camino para la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, tal como están las cosas, pasa por reformas en profundidad, entre ellas la posible elevación de la edad de jubilación y la separación de fuentes de financiación, así como por una aportación directa de los presupuestos del Estado. Pero ello, a su vez, obliga a un complejo reajuste del resto de las partidas de gasto para no afectar al cumplimiento del objetivo de déficit público. La solución es tan difícil como apremiante.