La Generalitat refuerza la compra de pisos baratos
A finales de este año, la administración habrá adquirido ya más de mil viviendas ejerciendo el derecho de tanteo y retracto
El Govern tiene previsto acabar este año superando el millar de pisos comprados mediante el sistema de tanteo y retracto, una figura incluida en el decreto ley del 2015 que está permitiendo a la Generalitat ir ampliando el parque público de vivienda accediendo a la compra preferente, sobre todo a grandes tenedores de pisos, a un precio asequible. La media de tanteo es de menos de 50.000 euros, un coste muy inferior al de construcción y mercado y el dinero para efectuar estas operaciones proviene de la recaudación del impuesto que la administración autonómica aplica a los pisos vacíos.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, explicó las previsiones del Govern para este año durante una comparecencia en el Parlament. Detalló que durante el año 2017 el presupuesto de la Generalitat para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto es de 31 millones de euros, una cifra muy superior a la empleada en el 2016, que fue sólo de 13,8 millones. “Todas las viviendas adquiridas mediante esta procedimiento –señaló Meritxell Borràs– se han destinado a alquiler social”.
Desde la entrada en vigor del decreto ley, la Generalitat ha ejercido este derecho en más de 900 casos: 636 pisos ya han sido comprados, 84 están pendientes de formalizar la compraventa por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, 242 han sido adquiridos por los ayuntamientos en zonas con demanda acreditada y 26 por entidades sociales.
La consellera aseguró que “hoy podemos decir que cualquier ciudadano que tenga una emergencia habitacional puede encontrar respuesta en la Agència de l’Habitatge”. La titular de Governació explicó, en este sentido, que en el 2016 la Generalitat consiguió evitar, mediante diversas fórmulas, directa o indirectamente, 4.480 desahucios, una media superior a los diez diarios.
La Generalitat gestiona en la actualidad más de 27.000 viviendas con un alquiler social de 175 euros de media, aunque admite que el parque de pisos sociales existente es todavía insuficiente a todas luces.
Una de las vías más utilizadas últimamente es la de los acuerdos suscritos con entidades financieras para la cesión de 4.100 pisos para alquiler social y el inicio de nuevas promociones de alquiler público por parte del Institut Català del Sòl (Incasòl).