La chavista que aman los antichavistas
LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO PONE CONTRA LAS CUERDAS A MADURO Y EVIDENCIA QUE EN VENEZUELA NO EXISTE SEPARACIÓN DE PODERES
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene en casa a una enemiga difícil de purgar, aunque lo está intentando. La disidencia interna ha existido siempre en el chavismo, pero nunca un crítico logró afectar tanto la línea de flotación del régimen bolivariano como la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz.
Hasta marzo pasado, Ortega era tildada de ultrachavista por la misma oposición que ahora organiza manifestaciones para defenderla. Ese mes se produjo el quiebre que pone contra las cuerdas al chavismo y provocó la ola de protestas diarias que han dejado un centenar de muertos: el Tribunal Supremo dictó dos sentencias para aniquilar el poder de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Una eliminaba la inmunidad parlamentaria a los diputados y la otra suspendía las funciones del legislativo para asumirlas el Supremo.
El chavismo había cruzado la línea roja del autoritarismo. Tildado de autogolpe por la comunidad internacional, la oposición convocó al levantamiento callejero y desde las filas oficialistas se alzó una voz inesperada. “Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, decía entonces Ortega, esgrimiendo un ejemplar de la carta magna. “Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”, añadía la fiscal general, dejando boquiabiertos a los asistentes a un acto ordinario en la fiscalía quienes, tras unos segundos de perplejidad, irrumpieron en aplausos.
Horas después el Supremo anuló las dos sentencias a instancias del Consejo de Defensa Nacional, o sea, de Maduro, que también preside este organismo, dejando patente que no hay separación de poderes en Venezuela. Ortega, lejos de contentarse con la rectificación, inició un salto hacia delante que incluso la posiciona como una posible líder de una eventual transición.
La fiscal considera que los actos del Supremo son un ataque al estado de derecho y ha solicitado la destitución de sus 33 magistrados. Además, cuestiona la desproporcionada actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones opositoras y denuncia violaciones de los derechos humanos. Ortega ha llegado a decir que el gobierno encabeza un “estado de terror” y ha acusado a Maduro de “desmantelar el estado de derecho”. También se opone a la asamblea constituyente con la que el régimen pretende anular completamente al legislativo.
Como el presidente no puede destituirla porque su nombramiento depende del parlamento y es por un periodo de siete años, el chavismo promovió una denuncia contra ella ante el Supremo por “insania mental”, presentada por un diputado oficialista, que la acusa de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”. Hace unos días se celebró la vista preliminar para decidir si es enjuiciada, a la que Ortega no acudió, declarándose en desacato ante unos jueces que considera ilegítimos y dio por descontada su destitución. El Supremo congeló sus cuentas y le retiró el pasaporte.
Ortega nació hace 59 años en la localidad de Valle de la Pascua, en el estado de Guárico. Abogada por la Universidad de Carabobo, es doctora en Derecho Constitucional y está casada con el diputado chavista Germán Ferrer. Ambos han denunciado seguimientos y amenazas de los servicios de inteligencia. Su hermano Humberto acompañó a Chávez en el intento de golpe de 1992.
El parlamento, entonces controlado por el gobierno, designó a Ortega fiscal general del Estado en el 2007 y la ratificó en el 2014, antes de las legislativas que otorgaron la mayoría a la oposición. Su mandato expira en el 2021.
El giro de Ortega es evidente. En el 2014 encabezó con mano de hierro la persecución judicial a los opositores por las protestas que dejaron 43 muertos y promovió el juicio y condena a casi catorce años de cárcel a Leopoldo López, como Maduro recordó la semana pasada tras la excarcelación del líder opositor. Ahora, en cambio, Ortega no sólo se felicitó del pase de López a arresto domiciliario, sino que acusó a Maduro de encarcelar a políticos para mantenerlos como “rehenes”.
Formalmente niega ser chavista porque la Constitución le prohíbe la militancia política, pero Ortega no escondía su admiración por Chávez, como cuando hace tres años declaró a la BBC que “el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez”.
Es abogada, tiene 59 años y está casada con un diputado chavista. Su hermano ayudó en el golpe de 1992