Las fronteras democráticas
Las leyes universales invocadas por los independentistas para avalar el referéndum plantean más dudas que certezas
El gobierno de la Generalitat busca en el derecho internacional un argumento jurídico para responder al rigorismo legalista con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy contesta a la convocatoria de 1-O. Oriol Junqueras ha dicho en diversas ocasiones que el derecho a la autodeterminación es “el primero de los derechos humanos” con idéntica convicción con la que el PP lanza las tablas de la ley constitucional –en especial el artículo dos sobre la unidad nacional– contra cualquier pretensión soberanista.
La Generalitat se ha encomendado a los pronunciamientos de Naciones Unidas sobre el derecho a la autodeterminación y a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la secesión kosovar como fuente de derecho. Los expertos sin embargo, ven pegas a este paraguas jurídico. Y matices.
Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, explica cómo opera el célebre artículo 1.1 de la declaración de Nueva York (1966) –que arranca: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”–, y cómo se interpreta e incrusta entre las resoluciones 1514 y 2625 (de 1960 y 1970, respectivamente). A diferencia de los pactos del 66, cuya aplicación no es específica, las resoluciones citadas, aprobadas por la Asamblea General, “tienen rango de norma obligatoria universal confirmada por la Corte de La Haya en numerosas sentencias desde los años sesenta”, explica Mangas citando el fallo sobre Kosovo, que desarrolla, en su párrafo 80, la interpretación de la resolución 2625: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que […] estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.
Este argumento jurídico es el que ha llevado a los independentistas catalanes a tratar de desacreditar a toda costa la democracia española –con argumentos más o menos consistentes– conscientes de que sólo así pueden tener argumentos ante la comunidad internacional.
Pero los límites al derecho de autodeterminación explican por qué no ha sido aplicado a algunos rescoldos coloniales, que era el propósito principal de los pactos de Nueva York, cuando se trata de legitimar la voluntad del pueblo afectado: En los casos de Las Malvinas o Gibraltar, por ejemplo, Naciones Unidas estableció en sucesivas resoluciones que “los deseos de la población no tienen relevancia aunque sí sus intereses”. Mangas recuerda: “¡La ONU condenó, con razón, el referéndum organizado por el Reino Unido en Gibraltar!”.
El profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela Julio Jorge
ARACELI MANGAS “Que algo no esté prohibido no supone que exista un derecho positivo a hacerlo” JOSEP COSTA “Basta que te reconozca un Estado; en derecho internacional lo efectivo es fuente de ley”
Urbina coincide con Mangas en la interpretación de la norma y la amplía con otros pronunciamientos jurídicos: “Los pueblos que convivan dentro de un Estado –en un Estado democrático y respetuoso de los derechos de todos los pueblos que habitan en su territorio– no tienen derecho a separarse unilateralmente”. Esta es una afirmación “que hizo el Tribunal Supremo de Canadá en su dictamen de 20 de agosto de 1998, sobre la eventual secesión de Quebec”. Mangas apostilla: “Es claro; en un Estado en el que toda la población –sin distinciones– participa en las normas que lo rigen no tienen por qué atenderse reivindicaciones sesgadas del derecho a una decisión separada rompiendo la unidad nacional. La libre determinación es decidir toda la colectividad su futuro”.
El profesor de Teoría Política Josep Costa, autor del libro O secessió o secessió (A contra vent), no discrepa pero introduce matices sustanciales. “La primera reflexión es que el derecho internacional, a diferencia del constitucional, no se basa en interpretar los textos sino en interpretar el comportamiento de los Estados. Por eso la costumbre es una de las fuentes principales del derecho”. Son los comportamientos los que hacen derecho, explica, de ahí que transcurridos cincuenta años desde los Pactos de 1966 proceda revisar si esta doctrina convoca hoy los mismos consensos. “Los precedentes son más importantes que los textos, la prueba es que la ONU empieza con 51 estados y hoy la forman 193 países”. La experiencia, apunta Costa, indi- ca que “basta con que algún país reconozca un nuevo estado. La efectividad es fuente ley”.
En lo relativo al fallo de La Haya sobre Kosovo, el alto tribunal no resolvió si existía o no un derecho positivo de autodeterminación, simplemente respondió a la cuestión planteada y estableció que la declaración de independencia de Kosovo no es ilegal. Mangas incide en esa diferencia entre la no prohibición y el derecho positivo. “Salir al balcón y proclamar la independencia no es un crimen internacional, pero no supone en modo alguno ejercer un derecho. Es una importante sutileza jurídica”. Y lo ilustra con la complementariedad de las áreas del derecho: “Ninguna norma internacional prohíbe iniciar una guerra civil o un levantamiento militar o popular; no son hechos prohibidos por el Derecho Internacional, pero eso no faculta ni da derecho para llevarlos a cabo y siempre serán un gravísimo delito perseguible por el Derecho interno”. Es decir, se entiende que los distintos ámbitos son complementarios, y el derecho internacional no se ocupa de aquello que concierne a las leyes de los Estados.
Para Costa es sustancial que sea la geopolítica la que va creando jurisprudencia eficiente. “Hay que aceptar que la secesión es un asunto casuístico, y por tanto se invocan las circunstancias especiales”. Alude a la ley del referéndum y a cómo al lado de los principios de derecho internacional invocados, se esgrimen aquellas circunstancias –la sentencia contra el Estatut pero también los esfuerzos negociadores infructuosos– como argumentos para argumentar que se imponen limitaciones a los derechos políticos del pueblo catalán.
Julio Jorge Urbina cree que esos argumentos son débiles: “Las amplias competencias que ha ido asumiendo la Generalitat desde la entrada en vigor del primer Estatuto no respaldan la afirmación de un supuesto sometimiento o discriminación de Cataluña”.
Parece evidente que el derecho –internacional o constitucional– no provee la llave maestra que desbloquee la cuestión catalana, mucho menos a tenor del sentido de la opinión pública expresada en los sondeos. Pero no ha de ser una mala noticia que sea perentoria la acción de la política. Y de los políticos.
JULIO JORGE URBINA “No tienen derecho a separarse los pueblos de un Estado, si este es democrático”