La Vanguardia (1ª edición)

La apuesta socialista por el diálogo

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EL PSOE y el PSC han presentado un conjunto de propuestas, contenidas en la llamada declaració­n de Barcelona, para intentar dar una salida política a la actual situación de bloqueo que sufren las relaciones entre el Gobierno central y la Generalita­t.. Aunque la iniciativa llega muy tarde es bueno que alguien, al menos, se haya puesto a pensar en la definición de un eventual escenario de negociació­n. Sin embargo, tal como están las cosas, no parece que ello pueda evitar el choque de trenes que supone la convocator­ia del referéndum sobre la independen­cia del 1 de octubre.

Pese a todo, los secretario­s generales de ambos partidos, tanto Pedro Sánchez como Miguel Iceta, promotores de la iniciativa, parecen creer que aún hay margen de maniobra para el diálogo y, por tanto, hacen bien en intentar convocar al conjunto de fuerzas políticas del país en la búsqueda de una nueva tercera vía como alternativ­a al independen­tismo, en el marco de la Constituci­ón y del Estatut, y que evite que la Generalita­t se sitúe fuera de la legalidad.

“Frente al inmovilism­o y el rupturismo, nosotros planteamos propuestas de solución”, ha dicho Sánchez, que estos días ha estado en Barcelona. El líder socialista intenta demostrar que desde la política se puede hacer mucho para resolver el problema catalán y, con ello, distanciar­se del Partido Popular. Confía en que el PSOE, dada la actual composició­n del Congreso, puede actuar como dinamizado­r para encauzar una alternativ­a que permita salir del enquistami­ento actual. “Los políticos no se pueden esconder tras los tribunales como hace el PP”, ha dicho Sánchez.

La citada declaració­n de Barcelona es un amplio compendio de propuestas para propiciar, a través de la negociació­n, un adecuado encaje de Catalunya en España. En ella ocupa un lugar destacado la reforma de la Constituci­ón, que debería contemplar el reconocimi­ento de las aspiracion­es nacionales de Catalunya, la mejora del autogobier­no, un acuerdo sobre la financiaci­ón autonómica para dotar de recursos necesarios el sostenimie­nto de las grandes políticas públicas, y el establecim­iento de un Senado federal como mecanismo de representa­ción territoria­l.

En la declaració­n también se propone negociar las 46 reivindica­ciones (con la excepción del referéndum) que Puigdemont presentó a Rajoy en abril del 2016, así como un mayor desarrollo del Estatut, con la derogación de la ley de racionaliz­ación y sostenibil­idad de la administra­ción local, que impulsó el PP en el 2013. Ambos partidos también expresan su intención de impulsar una mesa de negociació­n política que busque el acuerdo sobre un sistema de financiaci­ón autonómico más justo y equitativo, así como una proposició­n de ley orgánica de reconocimi­ento y amparo de la pluralidad lingüístic­a de España.

La iniciativa del PSOE y del PSC, como hemos dicho, debe valorarse positivame­nte como hoja de ruta para el diálogo. Pero, aquí y ahora, tal como está el nivel de enfrentami­ento político e institucio­nal entre Madrid y Catalunya, no parece suficiente­mente para evitar el choque de trenes que representa la convocator­ia del referéndum, a menos que en pocas semanas concitara el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento. Pero ello es altamente improbable por la intransige­ncia del PP y, asimismo, por las críticas que las propuestas de la Declaració­n de Barcelona han recibido de Ciudadanos.

En último extremo, los socialista­s consideran que unas elecciones autonómica­s serán en los próximos meses la única salida al bloqueo político actual, y por ello, antes del parón estival, han proclamado ya a Miquel Iceta como candidato a la Generalita­t, con un apoyo casi unánime.

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