Diálogo y legalidad
La relación Catalunya-España es hoy el principal problema del país porque afecta a la estructura del Estado y a las diferentes aspiraciones nacionales de los catalanes. Lo es, también, porque su solución o enquistamiento incide en las familias, en las empresas y en la necesaria recuperación social y económica. En momentos de dificultades en la UE, no podemos introducir nuevas complejidades desde un Estado fuerte, España, y desde Catalunya, que ha liderado el europeísmo.
Con la realidad plurinacional, tanto Catalunya como el conjunto del Estado se han podido convertir en referentes europeos. Esta constatación, la historia que compartimos y, sobre todo, el futuro, nos obligan a encontrar una solución para vertebrarnos.
Catalunya y España forman un Estado de derecho. Solucionar los problemas dentro del marco legal es una condición necesaria para resolverlos pero no suficiente. Hay que hacer política y eso implica modificar leyes y modelos de relación dentro del Estado con unas mayorías tan amplias como estratégico sea aquello que determinan. La ley de un referéndum que rompería en 48 horas una relación de Estado con siglos de historia precisa un consenso superior a la aprobación de un Estatut o de una reforma constitucional.
Se intenta vincular los ayuntamientos con la celebración del referéndum, lo que denota una necesidad urgente de legitimidad que sus promotores no encuentran, por mucho que se amparen en normas internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación pero lo limitan a procesos de descolonización o en situaciones de graves carencias democráticas. Los gobiernos locales nos debemos a la jerarquía de las leyes que encabezan la Constitución y el Estatut.
No se puede resolver recurriendo a los ayuntamientos la celebración de un referéndum al cual aspira una parte de la población. Se dice que un 80 por ciento de los catalanes quiere votar pero lo desea hacer en un referéndum legal y pactado. Muchos reivindicamos que se nos pregunte por otras formas de encaje entre Catalunya y el resto de España y no por la independencia.
Tenemos que ser capaces de hacer avanzar nuestro modelo de relación dentro de la ley con una reforma constitucional acotada a los sistemas de vínculo entre Estado y realidades nacionales o regiones. Votar una reforma constitucional sería un referéndum para culminar un proceso de diálogo y de pacto entre territorios del Estado español.