La mitad del ajuste del déficit lo han soportado las comunidades
La Administración central se ha queda las alzas de impuestos de los últimos años
La comunidades autónomas soportaron casi la mitad del ajuste del déficit en el periodo 20102016. En concreto, las autonomías fueron las responsables del 46,5% de la reducción del déficit (diferencia entre ingresos y gastos) mientras que la Administración central y la Seguridad Social fueron los responsables del 30% del ajuste y las corporaciones locales del 23,5% restante. Son datos extraídos de un informe del Departament d’Economia de la Generalitat elaborados a partir de las cifras oficiales de la Intervención General del Estado (IGAE).
En los últimos seis años el déficit del conjunto del Estado se redujo en 54.014 millones de euros pasando de representar el 9,46% del PIB al 4,33%. Las comunidades redujeron 25.116 millones su desviación presupuestaria mientras que la Administración central y la Seguridad Social lo hicieron en 16.223 millones. La contabilidad de la Administración central y de la Seguridad Social son vasos comunicantes y por eso se consideran de forma conjunta en el informe. Estrictamente, la Administración central redujo el déficit en 31.886 millones mientras que la Seguridad Social lo incrementó en 15.663 millones. Las corporaciones locales también consiguieron un ajuste presupuestario importante puesto que redujeron su desfase presupuestario en 12.675 millones.
El déficit se origina cuando los gastos de una administración pública superan a los ingresos. Ese déficit o desfase presupuestario se cubre emitiendo deuda.
Entre los años 2010 y 2016 el déficit de Catalunya pasó del 4,48% del PIB al 0,93%. Es una rebaja de 3,55 puntos porcentuales, que equivalen a 7.132 millones. Ese recorte implica que Catalunya fue la responsable del 13,2% de toda la bajada de déficit del conjunto del Estado. Si solo se tiene en cuenta el recorte efectuado por las comunidades, el esfuerzo presupuestario de Catalunya equivale al 28,4% del realizado por todas las autonomías. Ese porcentaje es superior a su peso en el conjunto del PIB que es del 19%. Durante el periodo analizado el recorte del déficit es de 948 euros por habitante. Pese a ese esfuerzo tan importante Catalunya no ha sido capaz de cumplir con el límite de déficit fijado por el Estado. Los diferentes responsables de la conselleria d’Economia a lo largo de esos años (Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras) han defendido que el techo de gasto impuesto debería ser mayor atendiendo a que son las comunidades las que soportan un mayor volumen de gasto que no puede recortarse ni ajustarse: esencialmente todo lo relacionado con sanidad, protección social y educación. El conjunto del Estado tampoco fue capaz de cumplir con los objetivos de déficit ni tampoco la mayoría de las comunidades.
En el informe del Departament d’Economia se recuerda que desde el 2011 la Administración central se ha quedado con la totalidad de los ingresos derivados de los aumentos de tipos impositivos de IVA e impuestos especiales tal como prevé la reforma impuesta por el Gobierno. En esos cinco años los ingresos extra de la Administración central (derivados de los incrementos de tasas impositivas) fueron de 16.511 millones. Esa circunstancia que pese a ser legal beneficia sólo a la Administración central implica que, por ejemplo en el 2015 que acaba de liquidarse esta semana, las comunidades autónomas sólo recibieron el 36,4% de la recaudación del IVA, en lugar del 50% que les correspondería en aplicación estricta del modelo de financiación. En el caso de los impuestos especiales como los de la gasolina, el tabaco o el alcohol, las autonomías percibieron entre un 39,2% y un 54,5% del total y no el 58% que les correspondería.
El citado aumento de los ingresos es una de las dos formas que existen para reducir el déficit. La otra es el recorte del gasto. En ese capítulo de ajuste mientras la Administración central y la seguridad social han incrementado su gasto en un 6,5%, las comunidades lo han reducido en un 12,5% y las corporaciones locales en un 19,6%. Traducido en euros, esos porcentajes muestran que mientras la Administración central y la Seguridad Social gastaron 16.575 millones más, las autonomías redujeron sus facturas en un 21.776 millones.