El plan de carreteras cubre el 35% de las propuestas del sector
Las constructoras estiman que Catalunya necesita el 15% de la inversión
El PIC movilizará 5.000 millones en cuatro años; Seopan plantea 18.000 en cinco para vías del Estado
Hasta pasado el verano, probablemente en septiembre, no se conocerá exactamente dónde se aplicará el plan extraordinario de inversión en carreteras (PIC), anunciado el viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este programa supondrá una inversión de 5.000 millones de euros con aportaciones de la iniciativa privada y de fondos europeos durante los próximos cuatro años, hasta el 2020, en una veintena de corredores que suman unos 2.000 kilómetros de la red viaria. La iniciativa generaría unos 190.000 empleos en las fases de construcción y en los 30 años siguientes para labores de mantenimiento. La patronal de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, presentó recientemente una propuesta para invertir alrededor de 100.000 millones en cinco años, hasta el 2021, en todo tipo de obra pública, de los que 26.000 millones son viarios y, de estos, unos 18.000 millones corresponderían a carreteras de titularidad estatal. Si se considera la inversión por año, el PIC, con 1.250 millones, prevé movilizar aproximadamente el 35% de la cifra planteada por la citada asociación empresarial, que ronda los 3.500 millones anuales.
El documento de Seopan, titulado Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España (véase La Vanguardia del 1 de mayo), estima necesario dedicar 26.349 millones de euros (31.881 millones con IVA) en nuevas carreteras. El 68% (18.089 millones) es para la red del Estado. Con toda seguridad, el listado de nuevos proyectos que contiene este informe está siendo considerado por Fomento para elaborar el suyo. El ministerio prevé incluir en el nuevo plan proyectos que completan itinerarios integrados en la Red Transeuropea de Transporte, que podrán recibir fondos comunitarios. Todos están previstos pero, por una razón u otra , principalmente debido a recortes presupuestarios de los últimos años, no se han ejecutado.
La patronal defiende fórmulas de colaboración público-privadas para financiar las nuevas infraestructuras. El nuevo plan del Gobierno va en esta línea. El sistema previsto es el de pago por disposición, mediante el cual las empresas a las que se adjudique la concesión asumirán el coste de construir la carretera y su mantenimiento por un periodo de 30 años a cambio de un canon anual que abonará el Estado en función de las condiciones de calidad que tenga la infraestructura a lo largo de este tiempo. En este caso, no se tiene en cuenta el tráfico soportado que rige en los modelos de pago por uso (los de peaje explícito o en la sombra). El presidente de Seopan, Julián Núñez, argumenta que la fórmula elegida “tiene la ventaja añadida de que no incidirá de forma negativa en el déficit público, ya que las inversiones serán financiadas íntegramente por las empresas, que asumirán el riesgo de construcción y disponibilidad”.
Cerca del 15% de la inversión prevista para carreteras de titularidad estatal en la propuesta de Seopan corresponde a Catalunya. Son diez proyectos concentrados en seis vías que suman 246 kilómetros y que requieren, globalmente, 2.591 millones de euros. La relación incluye ocho tramos interurbanos: en la A-2 (Montgat-Mataró, MataróTordera, Tordera-Maçanet); la A-7 (La Jana-El Perelló y El Perelló-Vandellòs); la mejora del Ribes de Freser-La Molina de la N-152; y la prolongación de la A-14 (Sopeira-boca sur del túnel de Vielha y boca norte del túnel de Vielha-Canejan). También hay dos urbanos: el vial puerto-aeropuerto de Barcelona y la plataforma bus-VAO de la B-23 (Molins de Rei-Diagonal).