El Gobierno amenaza la financiación de la Generalitat
Hacienda controlará los gastos semanales del Govern para evitar el 1-O El Ejecutivo catalán acusa a la Moncloa de discriminación
“No habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal en Catalunya”, anunció ayer con firmeza el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, desde la Moncloa.
El Gobierno detectó gastos sospechosos de la Generalitat, que podrían servir para empezar a financiar el referéndum independentista del 1-O, y optó por reforzar notablemente sus controles, que serán semanales y no mensuales como hasta ahora, sobre todas las cuentas públicas catalanas. Con graves medidas coercitivas previstas, además, para el conjunto de la Generalitat con la suspensión inmediata de la financiación del Estado a Catalunya a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que podría congelar el desembolso de más 3.600 millones de euros.
Pero también con consecuencias para determinados funcionarios públicos que incurrirían en responsabilidad personal, en caso de incumplimiento. En concreto, los interventores de todas las conselleries, los responsables económicos y financieros de las entidades en las que no hay interventores delegados, el director general de Pressupostos y el director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat. “Esta medida muestra la determinación del Gobierno”, zanjan en la Moncloa.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió el pasado martes una carta, a la que ha tenido acceso La
Vanguardia, a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. En la misiva, Fernández de Moya recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 5 de julio que declara inconstitucionales las partidas presupuestarias de la Generalitat que se destinen a la financiación del 1-O. Pero también el acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que, el 20 de noviembre del 2015, exigió certificaciones mensuales a dicha intervención general de que no tiene constancia de que en las finanzas y la contabilidad de la Generalitat exista nada que contravenga “el ordenamiento jurídico vigente”. Pues bien, en la última certificación mensual que la Intervenció General de la Generalitat remitió a Hacienda, el 13 de julio, quedó acreditado que, a finales de junio, se habían reconocido obligaciones en el programa de organiza- ción, gestión y seguimiento de procesos electorales por importe de 19.370 euros. En cambio, se habían registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por 25.520 euros. Esa diferencia de apenas 6.150 euros, entre lo previsto y lo dispuesto, fue la que disparó todas las alarmas del Gobierno.
Así que, con la ley de estabilidad presupuestaria en la mano, Hacienda requirió a la Intervención General de la Generalitat que le explique dichos gastos y se pronuncie “sobre el eventual incumplimiento de la resolución del TC anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas”. También le reclama los expedientes de estos gastos y de los relativos “a cualquier otro programa del que se tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso refrendario”. Incluso pide información sobre cualquier consulta que haya recibido dicha intervención general “con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación” del 1-O, “indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado”.
El secretario de Estado dio a la interventora general un plazo de 48 horas para responder, desde la recepción de la misiva. El plazo expira el próximo lunes. Pero, sin esperar a la respuesta, el Gobierno optó por intensificar su control sobre las cuentas de la Generalitat. Así que ayer, a las diez de la mañana, antes de la reunión del Consejo de Ministros, Mariano Rajoy presidió una nueva cita de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y acordó “medidas adicio-
RESPONSABILIDAD PERSONAL La presión del Ejecutivo central recae sobre los interventores de las conselleries
FONDO DE LIQUIDEZ El incumplimiento puede congelar el desembolso de más de 3.600 millones de euros
nales” para garantizar que la Generalitat cumple con la sentencia del TC y no destina “ni un solo euro” del presupuesto público para el 1-O.
Según explicó Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros –que fue informado por Soraya Sáenz de Santamaría del acuerdo adoptado por la comisión delegada para Asuntos Económicos–, los nuevos requisitos, que serán “de obligado cumplimiento” para la Generalitat, incluyen la remisión de “certificados individuales semanales” por parte de los citados interventores de las conselleries y demás responsables económicos y financieros, que acrediten que “no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados, directa o indirectamente, a actividades vinculadas con el referéndum”. “Semanalmente habrá un control del presupuesto de la Generalitat”, resumió Méndez de Vigo. Hacienda verificará la información que reciba y si concluye que se ha financiado el 1-O, “dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades”, explicó. En caso de que se incumpla la obligación de remitir la citada información semanal, o que la misma acredite que se ha vulnerado la legalidad, se cortará el grifo del FLA a Catalunya. El ministro portavoz recordó que este mecanismo ya ha destinado 67.000 millones de euros a Catalunya desde el 2012. Según los datos de Hacienda, para los tres primeros trimestres de este 2017 –hasta el final de septiembre– se han asignado 5.305,33 millones de euros a Catalunya, de los que hasta finales de junio ya se habían entregado 3.547,30 millones. Pero el total estimado para todo el 2017 asciende a 7.345 millones. ¿Pero quién pagaría los servicios públicos en Catalunya si el Estado cierra el FLA? Méndez de Vigo confió en que no se tenga que producir esta situación, pero se limitó a añadir que, si sucede, tendrá que ser el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el que explique por qué ha ocurrido. El Gobierno impone así una vigilancia exhaustiva sobre las cuentas de la Generalitat y, en caso de incumplimiento, castigará cerrando la financiación del Estado.
Méndez de Vigo insistió en que se trata de una “actuación preventiva” del Gobierno. También confió en que los citados funcionarios públicos cumplan con su obligación y remitan la información, porque lo contrario “sería muy grave”. El Gobierno consideraría cualquier incumplimiento del acuerdo adoptado ayer como un acto preparatorio de un referéndum ilegal y, por tanto, lo llevaría a la Fiscalía. “Hemos querido dejar bien claro a todos quién sería responsable, nadie podrá escudarse en la obediencia debida”, advierten en la Moncloa.